Hoy, 16 de noviembre de 2023, el Congreso ha votado a favor de la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez. A pesar de que perdió las elecciones generales del 23-J ha conseguido los votos necesarios que le faltó al ganador Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular. La habilidad negociadora de Sánchez ha superado a la voluntad democrática de la mayoría de los españoles. Con ello, ha sido burlado el resultado de las urnas y se han beneficiado partidos de menor representación parlamentaria. Han salido favorecidos partidos separatistas catalanes y vascos bilduetarras y neocomunistas de Sumar de diverso credo político. Tal conjunción de fuerzas opuestas a la Constitución ha sido posible porque a cambio de los votos que necesitaba, Sánchez ha satisfecho con creces todas las peticiones (aún ocultas las más inquietantes). El resumen de todas las demandas las recoge la llamada Ley de Amnistía. Una ley que en su mismo preámbulo se vislumbra su condición inconstitucional, por las numerosas veces que se declara constitucional. Un farragoso escrito que se delata queriendo aparentar ser compatible con la Constitución vigente. La Ley a cuyo amparo España ha conseguido durante cuarenta y cinco años el mayor desarrollo y paz social, nunca antes conocida.
Una ley de Amnistía redactada al dictado de los separatistas. Un texto chapucero que a Sánchez le concede un poder omnímodo, a cambio de quebrar el Estado de derecho y de mutilar la democracia. Fulmina la división de poderes, la independencia judicial; liquida el principio de igualdad, sustrae al poder ejecutivo del control legal y el poder judicial acaba sometido al poder político partidista.
Es comprensible, entre negociadores con pocos escrúpulos morales, presentar una amenaza social y política de tal calibre, como un bien para el interés general. O sea, había que embaucar al pueblo. Por eso en su primer párrafo declara: “lo que el legislador pretende es excepcionar la aplicación de normas vigentes a unos hechos acontecidos en el contexto del proceso independentista catalán en aras del interés general”. La espesa prosa sigue en ese tono, tratando de convencer al honrado ciudadano que, quieren “garantizar la convivencia dentro del Estado de derecho, y generar un contexto social, político e institucional…” Pero, se está extendiendo a toda España, la escisión social y familiar que ya existe en Cataluña. Han reeditado las dos Españas: una constitucional y otra contraria a la Constitución.
En definitiva, el sanchismo y los partidos anticonstitucionales pretenden convencernos que buscan el bien general, liquidando de hecho la Constitución y vendiendo España para satisfacer las insaciables apetencias de los separatistas. Con la complicidad de los diputados socialistas en el Congreso, están socavando el edificio de la Constitución, manteniendo la fachada. Modifican el interior, ocupan los órganos de gobierno y las altas instancias de los tribunales de justicia. En respuesta a esta brutal agresión a los derechos ciudadanos, surgen millones de españoles honrados y leales. Salen a las calles dispuestos a mantener una resistencia activa para defender la libertad y su hacienda. Saben que la democracia no está sólo en las urnas. El ejercicio democrático es permanente y aún más en circunstancias críticas. Frente al sanchismo amenazante, la ciudadanía responde con una pacífica ocupación de la calle y promoviendo la información veraz que difunden los medios de opinión libres.
