Pedro Sánchez será investido esta semana presidente del Gobierno, de un Gobierno legítimo, de acuerdo con nuestras leyes. Y, a partir de ese momento, tendrá que empezar a pagar el precio al que se ha comprometido. Cada uno de los partidos que le van a dar su confianza le van a exigir que pague lo comprometido. El PNV y Bildu, más transferencias, la cesión de la gestión de la Seguridad Social, el reconocimiento como nación, la bilateralidad en las negociaciones, el refuerzo del concierto económico, pronto la amnistía para los presos de ETA, etc. El BNG, condonación de la deuda de Galicia, bonificación de los peajes en las autopistas, creación de unas cercanías ferroviarias y más autogobierno. Coalición Canaria más financiación, cambios en materia de inmigración, bonificaciones a los residentes en las islas y lo que caiga. Sumar, sillones en el Consejo de Ministros y un programa radical en lo económico y social. ERC y Junts, la amnistía para los delitos desde 2012, el control de las decisiones judiciales por el Parlamento, un verificador internacional de las negociaciones de igual a igual con el Estado español, condonación de un 20 por ciento de la deuda con el Estado español y miles de millones más para inversiones, el traspaso de las cercanías y un referéndum para la autodeterminación, dentro o fuera de la Constitución. Todo eso, a cambio de ser elegido presidente. Como ha escrito brillantemente Daniel Gascón, Sánchez ha encontrado la solución al problema catalán: darles todo lo que piden y un poco más, ceder en todo, ponerse a la cabeza de sus reclamaciones. Un duro golpe a la Constitución, a la democracia, a la seguridad jurídica y al Estado de Derecho que ponen en riesgo la convivencia y la solidaridad en España.
Alguien ha escrito que “no era necesario” que Sánchez aceptara, como se ha hecho constar en el documento del acuerdo entre Junts y el PSOE, que las reivindicaciones y demandas no son de los independentistas, sino “de la sociedad catalana” en su conjunto, con referencias a lo que sucedió ¡en 1716! Que no era necesario que se reconozca que el referéndum de independencia del 1-O de 2017 tuvo “una participación masiva en favor de la independencia de Cataluña”, aunque fuera ilegal e inconstitucional y solo votara un 42 por ciento. Que no era necesario asegurar que los futuros acuerdos deben responder en exclusiva “a las demandas mayoritarias del Parlament de Catalunya” sin una leve mención a la Constitución Española. Que no era necesario relativizar la negativa a la negociación de un “cupo catalán”, como el vasco.
Todo esto, se diga lo que se diga, la amnistía, el control o la depuración de los jueces, el borrado de los delitos para unos pocos, la bilateralidad, la desigualdad entre ciudadanos y autonomías, los privilegios para unos pocos que apenas representan una pequeña parte de la población española, sí era necesario. Más aún, era imprescindible porque sólo así Pedro Sánchez puede ser presidente. Y Sánchez ha mentido y ha cedido todo, aunque sea una insensatez. Va a construir un gobierno, un país sobre la arena.
Este domingo, cientos de miles de españoles que representan a más de once millones de votantes, a la mitad o más de la población, han llenado masiva y pacíficamente las calles de toda España. Decenas de instituciones y organizaciones sociales se han manifestado también públicamente contra este ataque a la Constitución. No es la gente, no son los catalanes, son los políticos los que están polarizados, divididos, enfrentados, confrontándonos a todos, unidos sólo por el interés de sacar la mayor tajada posible de la debilidad y la falta de diálogo no con los delincuentes sino con los que defienden la Constitución y la democracia. Decía Mary Beard, que “la autocracia sobrevive porque la gente baja la cabeza”. La presión ciudadana, pacífica, contra la amnistía es algo necesario que el presidente Sánchez y quienes le sostienen en el Partido Socialista tienen el deber de escuchar.
