Casi 40 días después de que Pedro Sánchez recibiera el encargo del Rey, el presidente en funciones ha logrado cerrar los acuerdos para asegurarse la investidura y seguir una legislatura más en La Moncloa. Si ya hace unos días resultó escandaloso el acuerdo firmado con ERC no lo ha sido menos los firmados con el fugado Puigdemont, el PNV y Coalición Canaria. Cuando ya se constató que la amnistía a los golpistas era un hecho, que la igualdad entre los españoles se desvanecía como un azucarillo, llegó la cesión de los tributos, la ruptura de la caja única de las pensiones, la presión a las empresas que salieron de Cataluña tras los hechos delictivos del 1-O para que vuelvan o la imposición de la unilateralidad Estado-Cataluña con relatores internacionales. Y todo ello sin entrar en detalles, porque aquí la letra pequeña de los distintos acuerdos tiene también su miga.
La democracia, el Estado de derecho y el imperio de la ley han saltado por los aires y así ha quedado constatado con la cadena de comunicados de jueces, fiscales, letrados, inspectores de Hacienda y de Trabajo, empresarios etc. Las concesiones en el terreno económico son tan evidentes como ‘heavys’, aunque horas después de las firmas se quisiera ya por parte de miembros del gobierno en funciones negar lo firmado. Los españoles de fuera de Cataluña y del País Vasco pagarán con el sudor de su frente las inversiones que decida el gobierno catalán como también seguirán haciéndose cargo de las pensiones de los vascos, aunque no lo parezca.
El “progresismo” ha roto con la igualdad y la solidaridad entre Comunidades Autónomas, ha avalado el borrado de delitos a delincuentes y malversadores y ha creado ciudadanos de primera y de segunda. Hay quien mira a Europa, a sus instituciones, y es cierto que se está dando esa batalla y que se ampliará a los órganos judiciales. Sin embargo, la toma de instituciones tan fundamentales como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado o la Fiscalía hacen temer que para cuando quizás llegue la condena sea demasiado tarde y el “statu quo” logrado por el independentismo, el nacionalismo y el comunismo sea irreversible. Sólo nos queda la palabra y la contestación para intentar revertir la constatación de que España se ha convertido “de facto” en un país bananero.
