No hace falta recurrir a las “Meditaciones” de Marco Aurelio para confirmar la dimensión ética de la operación política “amnistía por investidura”.
Si el cura va a peces, qué no harán los feligreses, dicen en mi pueblo. Así que huelgan los rasgados de vestiduras por el hecho de que el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial, caducado, provisional, en funciones, sí, igual que el Gobierno), la Asociación Profesional de la Magistratura o los propios manifestantes que gritan ante la sede central del PSOE, arremetan públicamente, en nombre de la democracia, la separación de poderes o el Estado de derecho, contra una ley que ni siquiera ha entrado en el telar parlamentario.
Si hemos de reprobar a quienes se escandalizan antes de tiempo, por si acaso, no se me ocurre mejor ejemplo -mal ejemplo, diría- que el de los defensores de la venidera ley de amnistía a los encausados del “proces”, cuando se esfuerzan en lograr una redacción que estreche o suprima la capacidad de interpretación de los jueces.
Es un declarado empeño en boca de quienes han participado, o participan aún, en las negociaciones PSOE-Junts para canjear la desjudicialización del conflicto catalán por la investidura. Los enviados especiales de Sánchez a Bruselas para tratar con Puigdemont sostienen que el borrador debe quedar redactado de modo que no regale a los jueces un margen interpretativo que les permita desvirtuar la concertadas intenciones de la ley.
¿No ven ustedes el despropósito que remata a quienes sienten la necesidad de prevenirse de los jueces?
El mensaje no puede ser más claro ni más perturbador: los jueces no son de fiar. Es un aberrante elemento de desconfianza de los hacedores de la ley respecto al Poder Judicial. O sea, frente a los servidores públicos que están institucionalmente llamados a aplicarla, a cumplirla y hacerla cumplir. Es como abrir la veda al cuestionamiento del principio de legalidad, o sea, el imperativo cumplimiento de la ley. Y eso sí que me parece un taimado ataque al vigente orden constitucional y, muy concretamente, al sagrado dogma civil de la separación de poderes.
Del CGPJ, cuyo informe hubiera sido preceptivo de haberse cursado la iniciativa parlamentaria como proyecto de ley, viene la alerta de que por ese camino podemos llegar incluso a la abolición del Estado de derecho. La APM ha dicho que podemos estar ante el principio del fin de la democracia. Y los manifestantes que acuden a la sede del PSOE gritan “Puigdemont, a prisión” y “Sánchez, a prisión”.
Pero las masas, ya se sabe, tienden a desmadrarse. Lo dicho: si el cura va a peces, qué no harán los feligreses.
