Aunque no fuera esa la intención, la fractura del independentismo es resultado de la política de doble filo que encubre el trato deferente del Gobierno a la ERC que gobierna la Generalitat. Un efecto palpable tras las dos grandes apuestas de Moncloa: primero los indultos a los condenados del “proces” y luego el borrado de la sedición en el Código Penal (aún de paso por el telar parlamentario).
Un sector del secesionismo vio en los indultos un aflojamiento en el empuje hacia la soñada Cataluña grande y libre. Quien mejor lo expresa es la exconsejera de Educación, Clara Ponsatí, declarada en rebeldía y sobre la que pesa una orden de busca y captura. Hace unos días tuvo el cuajo de decir que la causa necesita cárcel y represión para seguir viva, aunque ella sigue haciendo turismo como fugada de la justicia.
Y en cuando a la retirada de la sedición como figura delictiva, me remito al espíritu de la manifestación celebrada el domingo pasado en Barcelona contra el acuerdo PSOE-ERC (Gobierno-Generalitat). Convocada por la ANC (Asamblea Nacional de Cataluña), con la disimulada complicidad de Junts, vino a denunciar en las calles que dicho acuerdo atenta contra la capacidad movilizadora del independentismo, pues prevé endurecer las penas por “desórdenes públicos agravados” y en realidad penaliza igua que llevaron a la cárcel a los pro lmente las conductas motores de la revuelta independentista de 2017.
Esa es la gran objeción de Junts (Puigdemont, Borrás, Turull) y una de las causas de su ruptura con ERC. Sostiene que el borrado de la sedición encubre el objetivo político de la desmovilización independentista que es, según los herederos políticos de Jordi Pujol, una forma de atacar su mejor palanca para motivar a las bases sociales del secesionismo.
Todo esto tiene dos lecturas muy dispares. Una se fija en la fractura del independentismo como una consecuencia positiva de las obsequiosas políticas de Sánchez, cuyo resultado visible sería la “pacificación” del conflicto catalán. La otra se escandaliza por el supuesto uso del BOE para abrir los caminos hacia la autodeterminación y la amnistía, que son las dos grandes reclamaciones del nacionalismo catalán.
He ahí el debate que envenena la vida política y mediática, enfangada en un temerario enfrentamiento entre las dos fuerzas centrales, teóricamente comprometidas con la Constitución, cuyo 44 aniversario acabamos de celebrar. Claro que el que quiera consolarse por la fractura de las fuerzas políticas de ámbito estatal sólo tiene que mirar al nacionalismo catalán, muy balcanizado desde que Sánchez abrió las puertas de la cárcel a los condenados del “proces”. Ahora el borrado de la sedición en el Código Penal no ha hecho más que ahondar en la fractura.
