La política española está llena de comportamientos y declaraciones incoherentes sin que a los protagonistas les moleste lo más mínimo. Los enemigos del Estado sostienen a un Gobierno que está claramente enfrentado en dos bandos. Y la extrema izquierda está dando un espectáculo que demuestra que la presunta unidad es superficial y precaria. No sé si los ciudadanos somos conscientes y si eso acabará teniendo un coste electoral, pronto en Andalucía, un poco más tarde en las generales.
Es incoherente que el escándalo del espionaje a los líderes separatistas catalanes, incluido su actual presidente, se haya saldado, de momento, entregando la cabeza de la presidenta del CNI para calmar a los que quieren dinamitar el Estado, y, sin embargo, el espionaje a los móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa, mucho más grave, se haya tapado sin ni siquiera una explicación en el Parlamento, sin ni siquiera una llamada de protesta al embajador marroquí y sin que nadie haya aclarado tampoco si ese espionaje estuvo en el núcleo del acuerdo con Marruecos y el desprecio a Argelia.
Es incoherente que se nos venda la última reforma laboral como un éxito para consolidar el empleo indefinido cuando la realidad es que el sesenta por ciento de los indefinidos de abril fueron parciales o discontinuos; cuando más de un millón de puestos de trabajo se quedarán vacantes por falta de profesionales cualificados, especialmente tecnológicos; cuando la construcción necesita más de 100.000 trabajadores y no los hay; o cuando el turismo y la hostelería buscan más de 70.000 trabajadores cualificados y no los encuentran. Y eso con unas cifras de paro juvenil descomunales, sin que los servicios públicos de empleo tengan planes de formación y cuando parece que el Gobierno está tratando de simplificar los requisitos de contratación en origen para traer trabajadores cualificados a un país con tres millones de parados.
Es incoherente que otra de las ocurrencias de la ministra de Igualdad haya generado una falsa polémica, que tapa otras, e incluya en la futura ley de ampliación del aborto, una baja por menstruación dolorosa, remunerada, que puede acabar siendo un arma contra el empleo de la mujer y que era innecesaria. Y que no se atiendan, sin embargo, otros asuntos que afectan a toda la población, incluidos los menores, como es la salud dental, deficientemente tratada, o la salud mental, cada vez más grave.
Es incoherente que esa misma ministra diga que la sanidad pública asumirá los 74.000 abortos anuales que ahora hacen centros privados, que obligue a los médicos que no quieran practicar abortos a figurar en un registro público y que amenace con que el Gobierno vigilará con inspectores que todas las regiones hagan abortos en los centros sanitarios públicos, cuando, por ejemplo, ese mismo Gobierno es incapaz de vigilar que quienes quieren recibir enseñanza en castellano en Cataluña, aunque sea solo de un 25 por ciento, puedan hacerlo ni que el Gobierno catalán y los centros educativos catalanes apliquen lo que les ha ordenado la Justicia, la ley.
Incoherencias, hay muchas más, y prestidigitación para el engaño, toda. Permanente. Decía Confucio que “no se puede apagar un incendio con fuego ni una inundación con más agua”. Estos lo hacen.
