Nunca he estado más de acuerdo con el Presidente de la Generalitat: “Nadie debe dar esta crisis por resuelta” ha dicho refiriéndose a las escuchas que se llevaron a cabo a líderes independentistas, incluido él.
Y no, no se debe dar por resuelta hasta que el propio señor Aragonés, pero también el Presidente Sánchez, nos cuenten a los ciudadanos toda la verdad.
Sí, los ciudadanos tenemos derecho a saber si el flamante Presidente de la Generalitat es quien movía la batuta para que actuaran los llamados Comités de Defensa de la República. Grupos que no eran precisamente pacíficos, ya que actuaban con violencia y que querían subvertir el orden constitucional.
Así que el señor Aragonés tiene la obligación de explicar a los ciudadanos si efectivamente él coordinaba a estos grupos.
De la misma manera que el señor Presidente del Gobierno de España tiene la obligación de decirnos la verdad y no insistir en el “mantra” de que él no sabía nada de nada. Al parecer, según publican distintos medios, desde el año 2019 el Gobierno estaría al tanto de que se vigilaba al señor Aragonés y por qué se le vigilaba. Pero ¡ay! el señor Sánchez parecía instalado en eso de que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, y así, al parecer, mientras negociaba con el señor Aragonés, al mismo tiempo el CNI vigilaba a éste. Pero nuestro Presidente cabalga las contradicciones con naturalidad.
Lo cierto es que el embrollo al que hemos asistido estos días y que parecía culminar con el cese o destitución de la Paz Esteban, no es el último capítulo de este suceso. No lo es porque el mismísimo Presidente de la Generalitat lo ha dejado claro: esto no ha terminado aquí y pide responsabilidades políticas. Es decir pide más “cabezas” una vez cobrada la de la ya ex directora del CNI Paz Esteban.
Una decisión equivocada en tiempo y forma.
No sé, pero tengo la impresión de que el Presidente del Gobierno no termina de darse cuenta de lo mal que ha manejado todo este escándalo y de como él y su Gobierno quedan en entredicho y con una pérdida importante de credibilidad.
El Gobierno confunde a menudo la propaganda con su obligación de informar a los ciudadanos.
Quizá Sánchez y su equipo deberían hacer un ejercicio de humildad reconociendo que ni ellos son tan listos como se creen ni los ciudadanos unos pobres tontos a los que poder conformar con declaraciones que no dejan de ser quincalla.
¡Ah! Y ya veremos cuál es el siguiente capítulo de todo este disparate habida cuenta de que el Presidente de la Generalitat ha avisado de que este asunto no se ha acabado.
