Una conversación de besugos. En eso quedó el choque argumental entre quienes defienden el Estado y quienes quieren reventarlo. A partir de ahí se entiende todo lo ocurrido en la comparecencia parlamentaria de la ministra, Margarita Robles, ante la comisión de Defensa del Congreso, convocada para debatir sobre la “brújula estratégica” (seguridad y defensa de la UE) y resuelta en un diálogo de sordos sobre el informe “Pegasus”.
La sordera funcionó a uno y otro lado de la barricada. Empezando por la de la ministra, legalmente obligada a ser discreta en materia de secretos oficiales. Si hubiera entrado en detalles sobre las cuestiones planteadas por los grupos independentistas (ERC, Junts, CUP, PNV y Bildu) y la parte del Gobierno que representa Unidas Podemos (portavoz, Pablo Echenique), Margarita Robles hubiera cometido un delito.
La sordera —no legal, sino oportunista en este caso— también afectó a los grupos desafectos con el orden constitucional. Se extraviaron en la bruma especulativa de las “especulaciones sin pruebas” (Robles dixit) sobre la cuestión del espionaje. No les interesó nada escuchar la sentida defensa de fiscales, jueces, policías, guardia civil, militares, agentes de los servicios secretos y funcionarios en general, en su compromiso con el Estado de derecho, que acababa de hacer la ministra.
Pero no encontró esta un acuse de recibo. de sus palabras. Al revés, topó con una victimista, maliciosa, constante y repetitiva argumentación de los grupos citados. Los que dan por hecho la participación de las “cloacas del Estado” en el espionaje “masivo e indiscriminado” —insisten— a dirigentes políticos y sociales del independentismo, con recurrentes referencias a la “baja calidad de la democracia española”.
Respecto a la nube tóxica que envuelve el llamado expediente Pegasus, la ministra denunció la “frivolidad” de quienes formulan imputaciones sin fundamento contra el CNI y su directora, Paz Esteban, que está aguantando estoicamente unos ataques de los que no puede defenderse por su deber de guardar secreto por la propia naturaleza de las funciones que tiene encomendadas.
Por lo demás, la ministra se ratificó en su compromiso con el Estado de derecho, donde solo los tribunales jueces deciden si se ha cometido o no una ilegalidad. Y se remitió a la comparecencia de la directora del CNI, convocada para este jueves en la comisión de gastos reservados, más conocida como de “secretos oficiales”.
Ahí sí que se afrontará la demanda de los grupos que exigen transparencia al Gobierno sobre lo ocurrido a raíz del informe de “Citizen Lab”, un caso de espionaje, del que tampoco se han librado el presidente de Gobierno y la propia ministra Robles.
