Esto es cada vez más duro. A los presidentes de Gobierno en España se les exige resistencia física y mental extrema ante la adversidad, seguridad psicológica para superar amarguras y afición al trapecio sin red.
Lo que pasó en el Congreso de los Diputados el jueves 28 de abril, cuando se aprobó in extremis el decreto-ley de ayudas por la crisis, equivale al drama del 4 de febrero, cuando solo el voto telemático de un diputado conservador, que votó “Sí” por error, salvó la reforma laboral. Curioso que entonces y ahora votaran juntos contra el Gobierno, en una medida tan beneficiosa para millones de trabajadores y consumidores, las derechas varias, más Esquerra Republicana y los independentistas de Puigdemont y la CUP. De la CUP todo cabe esperar porque no condenaron ni la invasión de Ucrania. Para Puigdemont, ya se sabe, “cuánto peor, mejor”. Pero de un partido que se proclama de izquierdas, votando reiteradamente contra los trabajadores, con excusas variadas, no se comprende. En cuanto a la extrema derecha de Vox, nada nuevo porque vota contra los derechos de las mujeres y otros avances sociales. De la derecha del PP, renovada por Alberto Núñez Feijóo, anunciando que contribuirá a una política de Estado que su antecesor Pablo Casado ignoró, cabía esperar al menos una abstención. Pero es lo que hay.
Cuando se reconoce el infortunio de Pedro Sánchez en su etapa de Gobierno porque le cayó la pandemia Covid, después el volcán de La Palma y ahora la guerra de Ucrania, hay quien recuerda que, salvo el volcán, es el mismo desafío que soportan Macron, Draghi y otros dirigentes europeos. Sobre el papel, sí. Pero solo Sánchez comparte gabinete con un partido como Podemos que pide la dimisión de su colega, la ministra de Defensa; solo él tiene apoyos parlamentarios como el de Esquerra Republicana, que falla más que una escopeta de feria; solo España tiene un Parlamento con 18 partidos representados (y los que vienen), por lo que las negociaciones son muy complejas; solo aquí hay fuerzas que están en el Estado para debilitarlo y escindirse; y solo en España hay una derecha que siempre creyó que el poder era suyo y que cualquier otro que lo alcance es un “okupa” a desalojar a cualquier precio.
La ministra portavoz, Isabel Rodríguez destacaba el viernes que España mantiene 20 millones de empleos; que medio millón de contratos han pasado de temporales a fijos; que por fin el salario mínimo alcanzó los mil euros y otros logros poco discutibles. Pero es igual: solo se publica la subida del precio de la luz y casi nunca la bajada.
Hablaba la ministra en Molina de Aragón, capital española de la despoblación, en el norte de Guadalajara. Menos de dos habitantes por kilómetro cuadrado. Es la Laponia del sur de Europa. Reclama fiscalidad diferenciada, como las provincias de Teruel, Soria y Cuenca que circundan ese enclave. Sus habitantes se benefician ya este año de la pionera Ley de Despoblación de Castilla La Mancha que permite alguna rebaja de impuestos en la renta. Pero recuperar esas zonas amenazadas donde la atención sanitaria es 4 veces más cara que en la capital, o como en Aragón, donde se han salvado 100 escuelas rurales con dinero extra de la Comunidad, exige un esfuerzo extremo. Es un problema de Estado urgente que se denuncia mientras el Congreso se dedica a sus zancadillas conspirativas.
