Supongo que algún día no lejano descubriremos las razones por las que el Gobierno, por boca del ministro de la Presidencia y de la ministra portavoz, convocó de improviso a los medios a La Moncloa, en una jornada festiva en Madrid, a dos horas de que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, celebrase ‘su’ fiesta del 2 de mayo con la asistencia de Núñez Feijóo. ¿Era necesaria esta espectacularidad, no prevista siquiera en la agenda oficial que el Gobierno lanza a los medios? ¿Era conveniente difundir así, de golpe, que el sistema Pegasus, utilizado para espiar a los independentistas catalanes, infectó también los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles? ¿No hubiese sido más eficaz convocar con más tiempo la rueda de prensa, dando más detalles, como, por ejemplo, sobre quién recaen las sospechas del espionaje a los miembros del Gobierno? Porque, así, lo que se ha hecho es alimentar todo tipo de especulaciones, rumores más o menos disparatados y chismes sobre la debilidad de un Gobierno ‘que se deja espiar’: un año ha tardado en descubrir, y denunciar, este espionaje. Menos mal que no han sido los de Citizen Lab quienes nos lo han comunicado…
Carezco de respuestas a las preguntas enunciadas más arriba. Hemos pasado del ‘catalangate’ al ‘Moncloagate’. Vamos progresando. Solo diré que esta inesperada e imprevista –seguramente incluso para ellos mismos– comparecencia desde La Moncloa de Bolaños e Isabel Rodríguez puede hacer sospechar que habrá más revelaciones relacionadas con espionajes esta semana, cuando comparezcan ante el Parlamento, el miércoles, la propia titular de Defensa y, quizá el jueves o el viernes, la directora del CNI, Paz Esteban.
Cuando Bolaños habla de ‘intervención exterior’ en el ‘pinchazo’ telefónico de Sánchez y Robles, y cita el programa Pegasus, seguro que tiene en mente la palabra que aún no se ha pronunciado, pero que se pronunciará: Rusia. Que no me atrevo yo a decir que haya sido el régimen de Putin, muy activo siempre en el ‘hackeo’ internacional, el culpable de haber utilizado el sofisticado sistema israelí para intervenir los teléfonos de dos personas clave ante la ‘cumbre’ de la OTAN en Madrid el próximo mes de junio (la infección, en todo caso, ocurrió hace un año). Pero sí puedo afirmar, y afirmo, que en el Gobierno, y no solo en el de Sánchez, existe desde hace tiempo la preocupación ante la ‘guerra de las ondas’ que hasta ahora iba ganando Rusia y sobre la que la UE está tomando especiales precauciones.
En cualquier caso, cierto es que España es, desde hace demasiados años, un puro ‘pinchazo’ telefónico. A veces, obra indudable de los servicios secretos, que desataron el gran incendio en 1995, cuando el vicepresidente Serra, el titular de Defensa García Vargas y el jefe del entonces CESID general Manglano, hubieron de dimitir ante el escándalo de unas escuchas no autorizadas que afectaron incluso al Rey. Luego ha habido multitud de ‘controles’ ilegales, públicos y privados (recordemos lo de Método 3 en Cataluña, por ejemplo, o lo ocurrido en Madrid en tiempos de Ignacio González), mientras a escala mundial se difundían las ‘intervenciones’ rusas incluso en procesos electorales, sin excluir a los Estados Unidos. Todo el mundo espía a todo el mundo. Y en España, más.
Es urgente que los ciudadanos, públicos y privados, políticos, empresarios, periodistas o simplemente gente que pasaba por ahí vuelvan a sentir garantizada una intimidad que, por culpa de todos, empezando por nosotros mismos, encantados de exhibir lo que hacemos o no hacemos por las redes, hemos ido perdiendo. Esa, esa, debería ser tarea principal de una ley de seguridad ciudadana, más enfocada ahora a garantizar la de los poderes públicos que la de los hombres y mujeres que transitan por la calle. Y esa debería ser tarea que las inoperantes Naciones Unidas abordasen de manera urgente, antes de que la tercera guerra mundial, que será la guerra de las ondas, sin misiles pero con víctimas económicas y morales, estalle sin remedio.
