La ministra de Defensa, Margarita Robles, está cumpliendo con su obligación institucional que no es otra, en este momento, que defender la legalidad de las actuaciones del Estado y más en concreto del CNI frente a quienes, extremadamente dolidos, aseguran que se ha espiado a sesenta personas relacionadas con el independentismo catalán.
Gracias a diversas informaciones periodísticas, todas ellas bien solventes, vamos sabiendo que han sido dieciséis y que para todas ellas hubo la preceptiva autorización judicial. El independentismo catalán sabía de estos hechos desde hace más de un año y ha sido ahora, y de manera nada inocente, cuando lo explicitan a bombo y platillo y con una virulencia que el ministro Bolaños, en pleno domingo, viajó a Cataluña para dar explicaciones a la Generalitat.
Como cabía esperar, Bolaños no satisfizo a los de ERC, socio estratégico del PSOE. Tan estratégico que la urgencia del viaje de Bolaños contrasta con el escaso tiempo que ha dedicado a pactar incluso con sus socios de Ejecutivo más de una decisión gubernamental. Tiempo para la oposición, apenas minutos.
Ante la situación en la que se ha dictado sentencia antes de que haya juicio, Margarita Robles ha ejercido su responsabilidad y se pregunta qué debe hacer un Gobierno democrático cuando hay una amenaza a la Constitución, cuando se promueve toda una afrenta a la unidad nacional. La pregunta ofendió a los ya ofendidos y lo que es más sorprendente es que fastidio a su propio partido que siempre ha querido mantener perfil bajo para no enfadar más a los ya enfadados.
No se puede decir que se haya visualizado ni escuchado palabras de apoyo y arrope a la titular de Defensa pero ella no va a cejar en su posición. No debe hacerlo aunque ello suponga que se escuchen tambores, todavía lejanos, que apuntan a que, llegado el caso, Sánchez optará por prescindir de sus servicios en el Gobierno que es la exigencia de ERC.
Miembros del Ejecutivo aseguran que eso no va a ocurrir. La ministra de Defensa si algo desearía es poder hablar. Augura sorpresas cuando desde el CNI, en la comisión de secretos oficiales, de todas las explicaciones que legalmente puede dar.
El presidente, como es habitual guarda silencio pese a que es el quien indica los objetivos del CNI y a quien los servicios de inteligencia reporta sus averiguaciones y con ellas en la mano y en la cabeza deja su suerte parlamentaria a quienes ha espiado.,!!! De nota!!! Nadie desea que ni un solo ciudadano sea espiado. Nada más preciado ni que haya que defender con más ahínco que la libertad de todos y cada uno de los españoles y su libertad de pensamiento pero eso no puede invalidar la necesidad y la obligación de cualquier Estado que se precie de defender su seguridad y su integridad territorial.
Ningún gobierno como el catalán es eficaz a la hora de defender e incluso imponer lo que considera fundamental para Cataluña. Si un gobierno autonómico se siente con derecho a defender lo suyo, incluso haciendo uso indebido del censo de sus ciudadanos y desafiando al Estado, resulta casi estrambótico que se ofendan porque el Estado intente, desde la legalidad, preservar su unidad y su seguridad objetivamente amenazadas desde sectores nada despreciables del independentismo organizado Creo firmemente a Margarita Robles cuando asegura que se ha actuado desde la más absoluta legalidad y desde esta certeza y para tranquilidad de todos nada mejor que clarificar al máximo lo ocurrido porque la información cierta por parte de los poderes públicos forma parte de la grandeza de la democracia.
Robles ha fijado posición. Sabe o cree saber que ERC lo que quiere, de verdad, es su cabeza porque ya han dictado sentencia antes de que haya juicio. Quizás se la cobren pero la titular de Defensa no va a dar un paso atrás. Es su obligación y la ha asumido con la tranquilidad de quien tiene la certeza de que está haciendo lo que debe.
