Desde hace muchos años resulta obvio que nuestra legislación electoral es uno de los motivos principales de las deficiencias que lastran nuestra política. Pero jamás, en los encuentros entre Gobiernos y oposiciones, se ha hablado de reformar a fondo esta legislación. El ‘recién llegado’ a la política nacional Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a poner sobre la mesa, aunque tímidamente, el tema: que gobierne el más votado, lo que implica una segunda vuelta electoral. Como ocurre en Francia y en muchos otros países en las elecciones presidenciales. Lo que ocurre es que en España esta posibilidad solo se plantea a nivel municipal o, como mucho, autonómico, cuando se debería, en mi opinión, ampliar al nivel presidencial. Lo que, claro, exigiría cambios constitucionales. ¿Y?
Creo que va siendo hora de afrontar las grandes transformaciones políticas que la estabilidad del país exige. Que el PSOE se vea necesitado de gobernar con Unidas Podemos, manteniendo además otras alianzas indeseables ‘por fuera del gobierno’, es algo claramente indeseable. Como lo es que el Partido Popular se vea abocado, por la fuerza de los números, a gobernar con un Vox que claramente le disgusta, y a las recientes declaraciones de Feijóo en este sentido me remito.
Estas alianzas, lejos de enriquecer la gobernación, la limitan y la someten a intereses meramente partidistas, a contradicciones que lastran las decisiones más urgentes, a talantes que no son los de los partidos mayoritarios, y recomiendo a Vox (y, de paso, a Podemos) que echen un vistazo a lo que sobre sus prácticas con la prensa se dice en el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estados de los Estados Unidos.
La idea de que los alcaldes se elijan de la lista más votada estuvo cerca de llegar a plasmarse como una realidad, pero, insisto, los intereses de los partidos se impusieron a otras consideraciones, que ahora, ante la excesiva fragmentación política, deberían tener prioridad. La mayor parte de los apoyos que los pequeños partidos prestan a los mayores para que puedan gobernar se traducen en exigencias localistas que bien podrían encauzarse por otros conductos y vías. Recuérdese que la coalición de PSOE con la Unidas Podemos entonces en manos de Pablo Iglesias fue posible porque, a última hora, el representante de una formación menor, con apenas dieciocho mil votos a sus espaldas, se decantó a favor de esta fórmula, frente a la mitad de los representantes de los españoles.
Lo imprescindible ahora es garantizar, mediante acuerdos, la gobernación. No solo la castellanoleonesa o la andaluza, no solo la de Madrid, Sevilla o Barcelona, sino también a escala nacional. Cuando la inflación se dispara y se va a imponer alguna suerte de una ‘economía de guerra’, las grandes formaciones, representadas por Pedro Sánchez y Núñez Feijóo, han de consensuar los grandes temas, desde llegar a unos nuevos ‘pactos de La Moncloa’ hasta propiciar una reforma constitucional limitada y controlada, en la que, entre otras cosas, se incluyan importantes cambios en la normativa electoral.
Hay cuestiones que desconocemos entre las abordadas en las tres horas de encuentro la pasada semana entre Sánchez y Feijóo: temo que no se llegó a grandes consensos, al menos contemplando el increíble espectáculo de la ministra portavoz atacando sin límites a la oposición desde el atril del Consejo de Ministros. O escuchando a la que aún es ‘número tres’ del PSOE lanzar sus ya habituales invectivas contra el nuevo dirigente del PP.
Hay quien piensa que, con estos talantes, un acuerdo de altos vuelos, que de verdad cambie para mejor la conducción política del país, no es sino una utopía. Que todo quedará en ‘pactitos’ coyunturales y menores, que algo cambien para que todo siga igual. Pero ¿acaso no es obligación de quienes nos gobiernan, o aspiran a ello, fijar sus metas en la utopía, que, tantas veces nos lo ha mostrado la Historia, es posible?
