¿Es posible decir que, en Cataluña, como en no pocos lugares del País Vasco, la democracia es de baja calidad y el ejercicio de algunos derechos fundamentales es de difícil cumplimiento? Hay datos que lo demuestran. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictaminó la obligación de impartir al menos el 25 por ciento de la enseñanza en español. La Generalitat se llamó a andanas. Hace unas semanas, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia, con lo cual ya era firme, y la Generalitat dijo que no la iba a cumplir. Como en ocasiones anteriores. Lo grave se ha producido poco después cuando se ha acosado a la familia de un niño de 5 años por pedir y conseguir que se obligara a su escuela a cumplir la ley y dar un 25 por ciento de las clases en castellano. Parecería más lógico pedir, al menos, la igualdad entre las dos lenguas cooficiales, después de décadas de inmersión al catalán, o, incluso, que cada familia pudiera elegir con libertad en qué lengua quiere que sus hijos reciban la enseñanza. Pero eso ya es pedir un imposible.
No quiero entrar en el fondo del problema. En la vulneración de la legalidad que supone que el consejero catalán de Educación vaya a la escuela del menor a arengar a los “hooligans” y acuse a la justicia de “romper la convivencia”. En el acoso a un niño de cinco años y su familia exigiendo que se le expulse, que se le haga el vacío en las aulas y el recreo o, incluso que se apedree su casa. En que se haya hecho pública en redes sociales la supuesta identidad de los padres y el negocio que regentan. En que la escuela “cumpla” la sentencia pero que las clases en español sean las de artes visuales, plástica y psicomotricidad, las “más importantes” del currículo. En el silencio del Ministerio de Educación, de la Alta Inspección del Estado y hasta del Defensor del Pueblo ante una violación grave de derechos fundamentales de un menor. Marcar, perseguir, acosar y amenazar a un niño de cinco años recoge lo peor del fascismo, del nazismo, del comunismo y del populismo. Solo falta que pidan crear campos de reeducación para los “disidentes”.
A lo que voy es a que la justicia catalana —a la que no corresponde que se haga cumplir las leyes— ha sido fundamental también en la pandemia, ante la dejación de las autoridades o ante las medidas que limitaban derechos, ante la discriminación de la Generalitat relegando a la Policía en la vacunación mientras se aceleraba la de los mossos y en otros casos. No es de extrañar tampoco que los jueces allí destinados pidan el traslado de Cataluña a la primera ocasión —64 en un año— y que el propio TSJC haya pedido algún tipo de incentivos para que se queden. Ni tampoco los intentos de asalto electoral —hasta ahora fracasados— al Colegio de Abogados de Barcelona para conseguir su sumisión al procés, como ya sucede en otros Colegios. Sin muchos jueces, algunos tribunales y, sobre todo, la impecable e independiente labor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la situación sería mucho peor.
Hay que imaginar lo que hubiera sido la Justicia en Cataluña de haber prosperado la creación del Consejo de Justicia de Cataluña, como figuraba en el Estatuto de Autonomía y suprimido por sentencia del Tribunal Constitucional en 2010. Hubiera actuado prácticamente al margen del Consejo General del Poder Judicial y sus miembros habrían sido designados por el Parlamento de Cataluña, con mayoría independentista. Si así hubiera sido —y no descarten que se vuelva a plantear— la justicia en Cataluña funcionaría como la educación: al servicio de la mitad de Cataluña y en contra de la otra mitad, así como de los derechos básicos de los ciudadanos. Sin marcha atrás y con el silencio cómplice de muchos.
