El Gobierno parece dispuesto a aprobar la reforma del mercado laboral antes del 31 de diciembre con acuerdo o sin acuerdo. A pesar de que Bruselas no ha puesto pegas a que el plazo acordado se extienda para lograr el mejor acuerdo y consensuado, Calviño y Díaz no quieren esperar. En juego, 12.000 millones de euros. Esta semana vuelven las negociaciones y parece que la temporalidad es el asunto que tiene en jaque el acuerdo a tres bandas. Sobre este asunto, el Gobierno ha cambiado varias veces de criterio. Primero quería fijar un porcentaje de trabajadores temporales, para después dejarlo en un número dependiendo del momento y del sector. Los empresarios no están dispuestos y veremos finalmente lo que ocurre.
Me sorprende, en todo caso, que el gran cambio que revolucionó el mercado laboral con la reforma de Fátima Báñez y que fue la flexibilidad que proporcionó el hecho de que los convenios de empresa prevalecieran sobre los del sector, no esté siendo asunto de discusión en la mesa de negociación —al menos no nos lo han contado— ni en los medios de comunicación y que ni partidos políticos ni empresarios hablen de ello. Sin embargo, esa reforma cambió el paradigma y muchas empresas, por ejemplo, del sector del automóvil, de la construcción y de otros, lograron salvar miles de empleos. Los trabajadores se hicieron partícipes de los problemas de la empresa y se pudo pactar bajadas de salarios, reducciones de jornadas y otras medidas que evitaron despidos masivos o incluso el cierre definitivo. Supongo que esta semana sabremos más sobre cómo queda la prevalencia de los convenios. Pero, tiene mala pinta y, lo peor, parece que los empresarios lo dan por amortizado.
Sin embargo, en paralelo a esta negociación de los cambios en la reforma laboral, sindicatos y patronal discuten a propósito de la subida salarial para el año próximo. El acuerdo al que habían llegado caducó el año pasado, cierto, pero ahora UGT y CCOO, que se sienten fuertes por los millones de euros con los que el Gobierno les ha agraciado, exigen una subida mínima del 2% y una máxima del 3%. El número de trabajadores afectados supera los 7 millones. Los empresarios creen que no es el momento de acometer esta subida de los salarios, cuando tienen que asumir un incremento de las cotizaciones, una energía a precios históricos, un consumo que no acaba de despegar y un alza en los precios de los materiales por la escasez mundial. Explican en la CEOE que una subida del coste salarial en esos términos sería la puntilla para muchas empresas que están en la cuerda floja. Las espadas están en alto, aunque da la impresión de que al Gobierno no le preocupan los problemas de las empresas, incluso les van a subir más los impuestos, por si faltaba algo. La única meta de Sánchez es conseguir los millones de Europa y que el destrozo lo arregle otro en la próxima legislatura. ¿Qué van a hacer los empresarios y los autónomos?
