El presidente Sánchez ha pretendido y pretende asaltar a la Justicia, cuyas sentencias han declarado anticonstitucionales los dos estados de alarma; el Congreso ha visto declarado anticonstitucional, el acuerdo de la Mesa (gobernada por el PSOE y sus acólitos enemigos de España) por suspender plazos de tramitación e iniciativas, habiéndose aprobado leyes trascendentales como la de Educación y Eutanasia, por lectura única, aplastando literalmente, no sólo las aportaciones de los restantes grupos políticos, sino también de todos los colectivos civiles que tenían y debían decir muchas cosas al respecto. No ha ido al Congreso a ningún debate sobre el estado de la nación y ha rechazado más de 90 comparecencias solicitadas por la oposición en el Congreso. La semana pasada pretendió junto con sus acólitos, purgar y amordazar a los periodistas incómodos en el Congreso, y que sólo fueran los que él considera útiles.
Ahora Sánchez junto a Errejón, –ya se sumarán el resto–, pretenden controlar las llamadas Autoridades Administrativas Independientes del Estado, cuestionando su constitucionalidad, su legitimidad, y pretendiendo socavar su independencia e imparcialidad. En el documento presentado en el Congreso por el PSOE y Más País-Equo, se permiten incluso decir que “son una excepción al normal funcionamiento democrático de las instituciones”, o que alteran la legitimación democrática de las decisiones” o que “las decisiones de estos organismos deben estar orientadas por directrices de oportunidad” ( del gobierno). Se trata de un texto partidista, que pretende cuestionar la legitimidad democrática de estos órganos, abogando por su dependencia del Gobierno, único al que se adjudica esa legitimación democrática, apropiándose de una superioridad del Gobierno, aún por encima del Legislativo.
Estos organismos tienen plena legitimidad democrática, pues nacen de leyes aprobadas en las Cortes y en la UE, estando presentes en todos los países más avanzados. Me refiero entre otros a la Agencia Española de Protección de Datos, a las Comisiones Nacionales de los Mercados y de la Competencia y la de Valores, al Consejo de Seguridad Nuclear, al Consejo de Transparencia o al mismísimo Banco de España, como ente administrativo del Estado. A Sánchez y sus acólitos ahora les estorban, pues les contradicen o dejan mal en su propaganda y lo que quieren hacer con claros fines totalitarios es eliminar los contrapesos entre los poderes del Estado y llegar a la desactivación de los mismos, porque están diseñados expresamente para eso, para no ser correas de transmisión ni voceros de los Gobiernos, pero sí, ejercer su papel de control con arreglo a criterios exclusivamente técnicos. Por poner un ejemplo, el organismo denominado Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, creado por el Gobierno de Rajoy en 2014, y que criticó en ocasiones al propio Gobierno de Rajoy, dice que el Gobierno de Sánchez es el más opaco de la democracia, y claro, esto no lo puede consentir y soportar y, que contradigan su propaganda, mucho menos.
Sánchez, mientras que les da a sus acólitos lo que le piden, se aprovecha de ellos y de los españoles, intentando desactivar las pocas instituciones independientes que aún existen en España, pero garantizan, como en los países mas avanzados y democráticos donde existen, el control absolutista de gobiernos como el de Sánchez.
(*) Diputado nacional del PP por Segovia.
