La economía española fue la que más cayó en 2020, pero también junto con México la que más elevó la presión fiscal y lo hizo nada menos que en 1,9 puntos hasta llegar al 36,6% del PIB. Ambas variables están, obviamente, ligadas. Pero, también hay que constatar que España fue uno de los pocos países de nuestro entorno que decidió no bajar impuestos para mitigar el desplome de la actividad y como medida de ayuda a las empresas y autónomos.
El Gobierno presume a menudo de haber desplegado ayudas por valor de miles de millones de euros. Sin embargo, las ayudas directas no llegaron hasta hace apenas unos meses y con muchas dificultades. En realidad, son una carrera de obstáculos burocráticos que han hecho que su acceso sea complicado y por tanto inútil. Otro tanto se puede decir de los créditos ICO que hay que empezar a pagar, cuando aún pequeñas empresas y autónomos no se han recuperado. Las medidas de ayuda eficaces no se han tomado logrando así que miles de empresas hayan cerrado para siempre o estén pasando por dificultades. De hecho, las quiebras empresariales están en niveles de 2014 y eso que se ha vuelto a extender hasta junio de 2022 la posibilidad de presentar concursos de acreedores voluntarios.
El presidente Sánchez y su vicepresidenta Calviño siguen haciendo triunfalismo con las medidas desplegadas en pandemia y lo fían todo a la llegada de los fondos europeos, cuando nadie sabe qué se ha hecho con el escaso dinero que ya ha llegado y qué se va a hacer con el siguiente tramo que llegará, si llega, antes de fin de año. Hay sectores importantes como el del automóvil que llevan meses reclamando al Gobierno información sobre los planes y su ejecución.
Además, desde hace meses las cosas se están complicando. La inflación, la ruptura de las cadenas de suministros y el precio de la energía y otros productos esenciales está poniendo las cosas muy difíciles a empresas y hogares. La renta disponible de los hogares ha caído unos 9.000 millones y las rentas del ahorro cerca de 5.000 millones. Hasta ahora, el Gobierno se empeñaba en asegurar que la inflación iba a ser un episodio transitorio. Hoy hasta el presidente de la FED ha sugerido quitar el calificativo de transitorio y de hecho se propone desplegar las medidas que hagan falta para frenar su escalada.
La realidad es que el Gobierno sigue sin reconocer que sus previsiones son irreales, las de este año y las del próximo sobre las que están construidos los Presupuestos Generales del Estado. Sería bueno que lo hiciera cuanto antes para que empresas y familias tomen decisiones lo más acertadas posibles, aunque hay que decir que la credibilidad del Gobierno es tan baja que todo el mundo ha entendido que las cosas van mal, mucho peor de lo que dicen, que nos van a freír a impuestos y el consumo no tira lastrando la recuperación.
