Uno lleva treinta años oyendo a las fuerzas políticas hablar de la reforma constitucional. O escuchando cómo algunos otros combaten cualquier cambio, hasta el más mínimo, en nuestra Constitución. Como si cambiar los aspectos más obsoletos fuese cosa de quienes quieren socavar el sistema o derrocar la Monarquía, cuando, en mi opinión, se trata absolutamente de lo contrario: de fortalecer el sistema en el que nos asentamos y potenciar la figura y las funciones del Rey. De momento, la falta de consenso, que es uno de los pilares del mal funcionamiento de nuestra democracia, impide tocar nuestra ley de leyes y hace que, en la práctica, con la deficiente, por lenta, gestión que ocasionalmente define al Tribunal Constitucional, los incumplimientos más o menos soterrados a la Constitución sean cosa casi cotidiana. Hay múltiples ejemplos de ello y ocioso es hacer aquí una recopilación que haría este comentario demasiado largo.
Pero sí, pienso que la Constitución hay que reformarla, de común acuerdo los partidos mayoritarios frente a otros que quieren socavar las bases de lo que somos aquí y ahora. Algunos de estos ‘otros’, por cierto, resulta que son socios del Gobierno de Pedro Sánchez, que lleva cuatro años hablando de reformar la constitución sin haberse, para nada, puesto manos a la obra. Pero, por cierto, pienso que de ninguna manera se puede acusar a Sánchez —algunas voces en la oposición lo intentan— de violentar y menos aún vulnerar la Constitución; siempre he dicho, sin ir más lejos, que si el líder del PSOE y actual presidente del Ejecutivo no estuviese defendiendo la figura del actual Rey —otra cosa es la del llamado emérito, primer firmante, por cierto, de la Constitución—, la Monarquía caería en dos días.
Otra cosa es que pueda acusarse a Sánchez, como a las demás fuerzas políticas y a sus predecesores, de una inaceptable pereza y cobardía a la hora de plantear cambios y reformas sustanciales: hay que modificar al menos otros dos Títulos, el referente a la Corona (inviolabilidad del monarca) y el que habla del Legislativo (cuántas veces se ha dicho que el Senado actual es inoperante y, sin embargo, nada…), además del octavo (las autonomías). Eso, independientemente de otros numerosos artículos que andan por ahí perdidos, obsoletos y propiciando interpretaciones múltiples y hasta contrapuestas de mandatos constitucionales concretos, por ejemplo en lo relativo al poder judicial, que esa es otra. Ya digo: la lista sería demasiado larga.
Cada año, al llegar a una fecha como la de hoy, recuerdo que nuestra Constitución sigue hablando del servicio militar obligatorio, suprimido por José María Aznar ¡hace veinte años! Pero claro, parece que tocar un pelo a la norma fundamental, por ejemplo el artículo 49, que habla de ‘disminuídos’, para reemplazar este término, obsoleto y hasta humillante, por ‘discapacitados’, supondría el peligro, citado por la rutina política, de ‘abrir el melón’ para que quienes quieren derribar el templo, empezando por ejemplo por la Corona o la unidad de la nación, intenten hacerlo.
Sí, la reforma constitucional ha de ponerse en marcha con prudencia, pero sin demoras que hagan que el texto aprobado en 1978 y que ha servido de base a nuestra convivencia democrática siga vigente bastantes años más. Y lo lamento, pero no puedo estar de acuerdo con algunas tesis que escucho de labios de miembros del Gobierno (Margarita Robles, por ejemplo) y en la oposición en el sentido de que todo está bien y que ni cambios lampedusianos, para que todo siga igual, son necesarios. Otra muestra más de la miopía existente en la llamada clase política de nuestro país, que no acaba de enterarse, parece, de que hemos entrado en una nueva era y que cuarenta y tres años, en los que el mundo ha dado la vuelta como un calcetín, son más que suficientes para pensar en modificar algo para que no nos cambien, los huracanados vientos que a veces soplan en nuestros cogotes, todo.
