ETA dejó de existir hace diez años. Vale. Es el mantra argumental de quienes pregonan la indulgencia de la memoria sobre la barbarie que nos amargó el retorno a la democracia. Sostienen que, al elegir “urnas” y no “bombas”, el terrorismo ya dio el paso atrás exigido por el sistema. Pero los hechos demuestran, a uno y otro lado de la actual barricada política, que ETA sigue viva. En el relato de unos y otros, en tres centenares de atentados sin esclarecer, en los homenajes a los presos que salen de la cárcel y en los procesos de intención del debate político.
La última prueba la tenemos en la proposición de ley sobre Memoria, Dignidad y Reparación de las Víctimas del Terrorismo, pensada para impedir homenajes a los etarras excarcelados. La iniciativa, firmada por Ciudadanos y defendida con buenos argumentos por el diputado Guillermo Díaz, quedó taponada por los grupos de la ecuación Frankenstein (izquierda nacional más independentistas vascos y catalanes, básicamente), tras un vivo debate. Unos acusaron a otros de politizar el terrorismo olvidando que ETA ha desaparecido. Otros acusaron a unos de “blanquear” a los herederos de la banda terrorista olvidando el sentir de las víctimas.
Apenas horas antes del debate parlamentario en cuestión, los colectivos de presos etarras anunciaron que renunciaban a seguir con los homenajes públicos a sus antiguos militantes (“Ogin etorri”). Buena noticia. Un paso adelante. Pero si eso factura, mal vamos de nuevo. Lo insoportable es la comercialización del gesto en función de cálculos políticos de las fuerzas implicadas.
Al PSOE le interesa contar con Bildu como compañero de viaje y a Bildu le interesa crecer para competir con el PNV. Además, algunos detectamos la anomalía de que la sociedad española está retribuyendo el retorno a la normalidad. Lo normal es que nadie humille a las víctimas. Y lo anormal es jalear el asesinato con carácter retroactivo, como hasta ahora se ha venido haciendo en más de cien ocasiones.
Desvían la cuestión quienes insisten en el carácter legal y democrático de Bildu como réplica a quienes acusan al Gobierno de blanquearlo. Por supuesto, tan legal y democrático como los demás, en tanto respeta las reglas del sistema. Pero absolutamente indeseable como socio. Porque en la formación del juicio a terceros también influye su pasado.
¿Acaso estamos en deuda con Arnaldo Otegui y otros, por haber dejado en su día las armas? El premio fue la legalización del brazo político y no un blindaje en la venidera pugna partidista. Cambiar armas por urnas les hizo legales, pero no recomendables. Y es lo que algunos reprochamos y seguiremos reprochando a Pedro Sánchez, que incurre en el contradiós de querer garantizar la gobernabilidad del Estado junto a declarados enemigos del Estado, como Bildu y, por supuesto, como ERC.
