Por encima de la reforma laboral, que atiende sobre todo a aspectos organizativos y al reparto de poder entre los sindicatos y la patronal —menos flexibilidad, más poder y más control para los sindicatos en la negociación y menos para los empresarios— y con algunas cifras de empleo que apuntan hacia un cierto optimismo, se equivocarían quienes piensen que derogada la reforma laboral de Rajoy se acaban los problemas.
Los males del mercado laboral español —precariedad, temporalidad, desempleo juvenil, alta tasa de paro, baja productividad, falta de profesionales cualificados para el reto tecnológico que ya está aquí, carencia de un proyecto industrial y laboral para el futuro cercano, un excesivo número de pequeñas y medianas empresas sin músculo para crecer o para resistir las crisis, un colectivo de autónomos lastrado por falta de apoyo y por las excesivas cargas que soporta, falta de incentivos para crear empleo— están muy ligados a los males del sistema educativo. La baja calidad de nuestra educación, el alto índice de fracaso y abandono escolar, el intento de modificar los datos con pases de curso con suspensos o titulaciones “regaladas”, la falta de profesionales cualificados de nivel medio y la sobreabundancia de licenciados universitarios condenados al paro, al subempleo y a no ejercer nunca su profesión, desembocan en un mercado laboral inadecuado para competir con efectividad. Y todo eso, en un panorama marcado por la incertidumbre y la volatilidad, amenazado no solo por las consecuencias de la pandemia, sino también por desabastecimientos o tensiones internacionales, no hacen que sea fácil el optimismo.
La creación de empleo en estos últimos dos años se ha producido solo en la Administración pública y el número de funcionarios es claramente excesivo. Hay datos que hablan por sí solos: la Administración es responsable de un treinta y uno por ciento de los empleos temporales en nuestro país —siete puntos por encima del sector privado— y, en algunas comunidades autónomas, supera el cuarenta y dos por ciento. En algunas autonomías, el 93 por ciento de los contratos laborales firmados en los últimos nueve meses son temporales y, en el total nacional, se está por encima del 90 por ciento. ¿La recuperación es un hecho con los buenos datos de la EPA de octubre, incluso contando con los 190.000 trabajadores que siguen en ERTE? ¿La contrarreforma laboral va a solucionar todos estos problemas?
Más datos: España busca 400.000 profesionales tecnológicos que no existen y que ponen en riesgo el aprovechamiento de los fondos de la Unión Europea y avanzar en la necesaria modernización digital que necesita el país. Un millón doscientos mil graduados universitarios viven en hogares de bajos ingresos, lo que significa que no trabajan en lo que han estudiado, están en el paro o tienen un trabajo precario. España tiene la mitad de tasa de empleo que la Unión Europea en los mayores de 64 años.
En España harían falta 15.000 transportistas más para cubrir la demanda actual, pero nadie quiere ser camionero ni, mucho menos, convertirse en emprendedor. Esto solo puede resolverse con una reforma profunda del sector educativo y del mercado laboral con voluntad de durar. Y ambas tienen que ser hechas con consenso entre todos los implicados: partidos, sindicatos, patronales, comunidades autónomas, profesionales. Ni el derrotismo de unos ni el triunfalismo de los otros va a solucionar los problemas. La sociedad civil debería alzar la voz y exigir a quienes nos gobiernan y a quienes aspiran a hacerlo, que dejen de engañarnos a todos.
