Las próximas semanas son decisivas para demostrar si somos capaces de frenar la tercera ola de la pandemia -contención social y vacunaciones masivas… con un plan que no existe- y los próximos meses, el segundo semestre, serán fundamentales para tratar de evitar la quiebra económica y el estallido social. Partimos de una previsión de caída del PIB de un 1,3% en el primer trimestre y de más de cuatro millones de parados que, en realidad, son más de cinco, si descontamos los ERTE. Cada día se anuncian más EREs y basta ir por la calle para ver cómo, también cada día, más empresas que echan el cierre, sin ayudas públicas y sin esperanza de que las haya, a pesar de las promesas.
Esos cierres no son los de “ricos y malvados empresarios” sino de muchos emprendedores, muchos autónomos que ya no pueden resistir más, en medio de las restricciones y el desamparo. Y, esas quiebras, con deudas crecientes que no se podrán pagar, arrastrarán a otras empresas y a decenas de miles de trabajadores y a sus familias, a las que ni siquiera les va a llegar el Ingreso Mínimo Vital, otro fracaso más de este Gobierno, incapaz de gestionar adecuadamente los apoyos básicos, embebido en peleas internas y en luchas políticas innecesarias e inoportunas.
La salida de la crisis no se puede hacer sobre el aumento de las desigualdades ni sobre la ruina de las clases medias, cada vez más pobres, ni contra los empresarios, los autónomos y el sector privado, el principal perdedor hasta ahora. No quiero pensar que la estrategia de este Gobierno sea precisamente la de ahogar al sector privado, pero, de hecho, las ayudas directas a las empresas, aplicadas en toda Europa, aquí brillan por su ausencia. Y, si fuera por el socio de Pedro Sánchez en el Gobierno, lo público se comería todo el pastel y lo privado ni siquiera sería subsidiario. Confiscar, expropiar, prohibir.
Lo harían en la economía, la sanidad, la educación, en los medios de comunicación, en los derechos y en las libertades porque están convencidos de que sólo lo público nos sacará adelante. Ya lo hemos visto en otros países. Si queremos salir de esta crisis es imprescindible la colaboración público-privada, especialmente ahora en la atracción y la gestión de los fondos que la Unión Europea nos va a dar y que pueden permitir una salida de la crisis.
Recuperar y potenciar los sectores económicos básicos -el turismo, la hostelería, el automóvil, el sector verde, modernizar y digitalizar una Administración anclada en el siglo XIX, apoyar a sectores innovadores es imprescindible si queremos tener algún futuro. Pero para eso es imprescindible tener un plan que no puede hacer solo un Gobierno que no ha sido capaz todavía de hacer una auditoria de la pandemia -qué hicimos mal, qué podemos hacer mejor-, como se le reclamó inútilmente a Salvador Illa.
Es preciso tener un equipo de expertos -si fueran independientes, mejor- que atraiga los fondos europeos, que analice los proyectos, controle su gestión y supervise y garantice su ejecución, porque los Gobiernos de España, no solo éste, no han sido capaces de ejecutar ni la mitad de los Fondos FEDER que nos ha concedido en años anteriores la Unión Europea. Tenemos políticos que no organizan, que no gestionan y que no ayudan. Tras fracasar en la gestión de lo público en la pandemia, este Gobierno ha intentado sepultar el dictamen del Consejo de Estado, que revela falta de control y graves deficiencias técnicas y jurídicas en el decreto que regula el uso de los Fondos de Recuperación, aprobado, por cierto, con el apoyo de Vox. Debería rectificar con urgencia porque suya es la responsabilidad en el colapso económico al que nos encamina.
En esta crisis, o nos salvamos trabajando juntos con un proyecto común, máxima colaboración entre lo público y lo privado, criterios técnicos y profesionales predecibles, interés general no partidista, seguridad jurídica, control y rendición de cuentas y trasparencia, o nos hundirán a todos. Los fondos europeos son la gran oportunidad, pero Europa nos va a vigilar de cerca.
