Cuadragésimo aniversario del 23-F y pleno del Congreso dedicado al estado de alarma por la pandemia. Dos acontecimientos que sirvieron para que los negacionistas de la democracia española se ratificaran en su discurso, utilizando como elementos de convicción la supuesta ocultación de pruebas documentales sobre el fallido golpe de Estado, el encarcelamiento de un rapero, el anticatalanismo del Estado y el “blanqueamiento” de la Monarquía.
Lo malo es que algunos amigos del Gobierno coquetean con ese frente de la insumisión. No es ningún secreto que desde Unidas Podemos, socio oficial del Gobierno de coalición, se viene calentando el ambiente con recurrentes alusiones a la falta de plenitud de nuestra democracia. El partido de Iglesias Turrión se habrá sentido representado en el “manifiesto de ruptura con el régimen del 78”.
Lo firmaron los partidos nacionalistas mientras califican de “blanqueamiento de una monarquía corrupta” la celebración del triunfo de la democracia. Así se desmarcaban del acto que, presidido por el rey y con participación de las altas instituciones del Estado, se estaba llevando a pocos metros, en el hemiciclo, para celebrar la consolidación de las libertades que fueron amenazadas hace cuarenta años.
Los negacionistas firmantes del documento sostienen que el régimen del 78 es un “candado” ante el deseo de la ciudadanía vasca, gallega y catalana por avanzar en escenarios de libertad y justicia social. Como si la vía para avanzar en esos campos estuviera exclusivamente destinada a los independentistas de esas tres comunidades “históricas”.
El manifiesto se agota en sí mismo. Empieza y termina en su propia declamación. Están en su derecho, amparado por la libertad de expresarse, pero no veo sus efectos prácticos, más allá de seguir deslegitimando la democracia, como denunció la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en el acto del martes pasado. Vale. Otros estamos a favor de una España de ciudadanos solidarios, libres y benéficos, pero no lo solemnizamos en un documento con miles de firmas.
Por el mismo precio, también los partidos de adhesión constitucional podrían juntarse para acusar a los partidos nacionalistas de ser un verdadero freno para el avance del progreso social y económico de sus respectivos pueblos. Bastaría con recurrir al estado regresivo de Cataluña por culpa del “proces”.
Lo reprobable, entre otras cosas, es que estos partidos hayan querido fijar su posición crítica frente al Estado, precisamente cuando el Estado celebraba una victoria contra sus enemigos en aquel momento de nuestra reciente historia. Por un lado, el golpismo de estirpe franquista, añorante de una dictadura que acababa de ser abolida. Por otro, el terrorismo de ETA, que había batido un record de asesinatos en el anterior año de 1980. No lo olvidemos nunca.
