Comienza este miércoles el desfile de comparecencia ante la comisión de nombramientos del Congreso de los ‘preseleccionados’ para ocupar el Consejo de Radiotelevisión Española y la presidencia de la Corporación, que agrupa a siete canales de televisión en TVE, seis cadenas de radio en RNE, la web RTVE, además del Instituto, la orquesta sinfónica y coro… Un gigante mediático de enorme importancia que mantiene en una provisionalidad excesiva la presidencia en manos de Rosa María Mateo; un emporio de seis mil quinientos trabajadores al que las sucesivas oposiciones acusan invariablemente de estar al servicio de los sucesivos gobiernos. Puede que esta indeseable situación acabe dentro de no muchos meses: en todo caso, el proceso de ‘liquidación’ de las estructuras actuales en la Corporación comienza ya, este mismo miércoles.
Un total de noventa candidatos comparecerá ante la citada comisión de aquí a finales de este mes para ser nuevamente evaluados por el Congreso y el Senado: y digo ‘nuevamente’ porque ya fueron esos noventa los previamente seleccionados, de los cuales veintitrés pasaron a una especie de ‘final’ en una competición peculiar que debería haberse dilucidado hace dos años. El encanallamiento de la vida política española, que ha abarcado desde a los medios de comunicación públicos hasta al gobierno de los jueces, pasando por comisiones de control económico, ha impedido los consensos mínimos para renovar organismos de titularidad pública y favoreciendo, así, tanto la ‘provisionalidad tan definitiva’ de RTVE como del CGPJ, del Tribunal Constitucional o de la CNMV, por poner solamente algunos ejemplos.
Algunos de los primeros comparecientes de esta semana muestran su optimismo en el sentido de que será posible encontrar un acuerdo amplio en el Parlamento -se necesitan dos tercios- para renovar el Consejo de Administración de la radiotelevisión pública y para definir el nombre de un presidente o presidenta para la Corporación. Algunas fuentes parlamentarias en la comisión, que, presidida por Meritxell Batet, la presidenta del Congreso de los Diputados, integra a todos los portavoces de la Cámara Baja, se expresaron con el mismo, aunque cauto, optimismo.
Así, y siendo siempre optimistas, en cuestión de tres o cuatro meses podría quedar resuelto uno de los problemas endémicos de la democracia española: tener una radiotelevisión pública independiente del poder político de turno. Y, si me dejan avanzar en este optimismo hasta casi rayar en la utopía, pienso que este acuerdo ‘radiotelevisivo’ podría arrastrar otros consensos que hasta ahora se habían evidenciado imposibles, como la renovación del Consejo del Poder Judicial y de la presidencia del Tribunal Supremo, que llevan ya más de dos años con su mandato legal sobrepasado. Sería una mala noticia que el inveterado cainismo de la política española diese, una vez más, al traste con uno de los pocos procesos esperanzadores que se atisban para una Legislatura que, por lo demás, esta llena de perspectivas más bien sombrías. ¿Al fin un atisbo de posible ‘normalización’ dentro de la plena anormalidad que nos anega?
