La cercanía de las elecciones catalanas pone de los nervios a los partidos separatistas. Se pelean entre sí y en el caso de ERC le exigen al PSOE que cumpla el acuerdo que permitió la investidura que hizo presidente del Gobierno a Pedro Sánchez. Les apremian para que aceleren los trámites —y los atajos legales— para excarcelar a los condenados por sedición. Las partes interesadas conocen la ley y saben que conceder una amnistía sería ilegal — Art. 62 de la Constitución — y que intentarlo por la vía del indulto aparejaría un desgaste político importante para el PSOE pero sería un éxito para ERC. Aún así ,están ello.
Hace un par de semanas fue el ministro de Justicia Juan Carlos Campo quien defendía como tarea urgente la rebaja de las penas establecidas en el Código Penal para el delito de sedición. Una maniobra ideada para lograr la excarcelación por la vía de la retroactividad. Ahora, es otro ministro, el de Transportes y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien hace el trabajo de campo defendiendo que: “Cualquier gesto que contribuya a la normalidad política y a la reconciliación y a la convivencia es positivo”. La flecha apunta en la misma dirección cuando remacha que :”El Gobierno tiene la obligación legal de tramitar indultos y la obligación moral de aliviar tensiones que puedan dañar la convivencia”.
Siendo cierto que entre las obligaciones del Ejecutivo está la de tramitar los indultos, la ley no dice que esté obligado a concederlos. Por si hubiera alguna duda al respecto del caso que nos ocupa está todavía fresca la tinta de un comunicado de la Fiscalía en el que desaconsejan la concesión de los indultos porque no aprecian: “Aceptación manifiesta de la responsabilidad del delito ni decidido propósito de no reincidir”. Los indultos -concluyen- no puede ser una “moneda política”.
Produce rubor democrático la hipocresía con la que el Gobierno está llevando este asunto tratando de convencer a la opinión pública de que incurriría en prevaricación de no tramitar el indulto a los presos por sedición cuando está claro que ni han cumplido la parte de la pena que permitiría solicitarlo, ni han hecho declaración expresa de no volver a delinquir. Todo lo contrario, tanto Junqueras como otros cabecillas condenado en el juicio del ‘procés’ han reiterado que lo volverían a hacer.
En un acto de insolencia política sin precedentes no piden un indulto – saben que no borra la inhabilitación- y van directamente a la amnistía a sabiendas de que está prohibida por la Constitución. Pero así tensan el sistema y ponen a prueba a Pedro Sánchez al que saben dispuesto a pagar cualquier precio con tal de seguir en La Moncloa. Atentos, pues, a la pantalla.
