Con el próximo y definitivo salto de los PGE al BOE, tras su paso por el Senado, el poder de Sánchez se apoyará en dos barandillas. Las dos estarán disponibles en la primavera. Una, la capacidad de partir y repartir los fondos de recuperación de la UE. Otra, la vacunación anti-covid de los españoles.
Entonces estará en condiciones de gobernar sin sobresaltos, una vez resuelta la incorporación de al menos los 21 escaños de los que cojea la coalición PSOE-UP. De hecho, no han sido 21, sino 34 los incorporados al proyecto presupuestario por una economía teóricamente más social, más verde, más industrial, más digital. El paso de las musas al teatro vendrá luego. Si viene.
Ahora sólo importaba la aritmética parlamentaria. Suficiente para que los voceros de Moncloa advirtieran a la oposición de que habrá gobierno “social-comunista” para rato. Y suficiente para que la oposición conservadora advirtiera de que puede haberse iniciado el camino hacia un cambio de régimen.
He ahí las dos grandes hipérboles de la polarización, la arrogancia del poder y el catastrofismo de la oposición conservadora. Así de barato y de peligroso es el pedro-pablismo de la política nacional que protagonizan básicamente Sánchez, Iglesias y Casado. Entre esas dos sobreactuaciones se mueve y se banaliza la lucha por el poder, unos por conquistarlo, otros por conservarlo, mientras crece el malestar social y las colas del hambre.
A los 600.000 parados desde febrero a causa de la covid, pueden unirse los 745.000 acogidos a los ERTE, que en realidad son parados potenciales si los planes de vacunación (tres fases, 18 grupos) no se malogran con una tercera ola.
Lo demás viene pintado de rasgos frentistas, confrontación entre bloques y renuncia a políticas de centralidad. Hasta ahora es un hecho que los aliados del PSOE (Iglesias, Rufián y Otegi) miran a los demás como si les debieran algo y avientan descaradamente sus objetivos anticonstitucionales sin que Sánchez los desmienta, más allá de recordar ante Pedro Piqueras y ante su militancia las generales de la ley: que España no se va a romper y que él se compromete a defender la Constitución. Pero ni media palabra sobre la relación que Bildu establece entre su apoyo a los PGE21 y las históricas demandas de Euskadi y Cataluña. Ni sobre la reciente soflama del vicepresidente Iglesias: “A partir de ahora, el Estado queda en otras manos”.
La sobreactuación también cunde al otro lado de la barricada, pues el PP, Vox y Cs no pierden ocasión de meter en el dedo en la herida. Les falta tiempo para acusar al Gobierno, o a una parte del mismo, de estar alfombrando el camino de los enemigos del régimen para que el sistema asentado hoy sobre el principio de soberanía nacional única e indivisible sea mañana una república de soberanía fragmentada en varias naciones.
