Tiene su mérito. Llevamos casi un año de anuncios catastrofistas de la derecha más excitada —la política y la mediática— anunciando la implosión del Gobierno Sánchez-Iglesias y la disolución de la mayoría de la investidura, y resulta que se aprueban los PGE (Presupuestos Generales del Estado) con más votos aún: 188 en vez de 176. Depresión opositora y bravatas populistas que podrían ahorrarse Echenique, Iglesias y Rufián: que si “rabiosos”, que si “Bildu y Esquerra en la dirección del Estado”, que si “empieza una nueva era”.
El éxito de Sánchez es indiscutible, a pesar de las facturas a pagar, porque, en el peor de los casos, prorrogaría estos presupuestos del año 21 al 22 y el 23 convocaría elecciones. Otra cosa son los costes políticos colaterales. La sobreactuación de Iglesias en el escenario político, como si fuera el presidente de Unidas Podemos, Bildu y Esquerra, favorece la sensación de un presidente Sánchez en manos de su vice; eso alarma a sus propios ministros e incluso a los que no lo votarían nunca pero prefieren verlo estable antes que cautivo. Dos excusas paliativas sugieren en su entorno: “ya veréis cuando se aprueben los PGE”, o “tranquilos, que faltan tres años hasta las elecciones”.
Todo eso sucede, casi día por día, en el aniversario de la Constitución. 42 años, por fortuna, de una norma de referencia, aunque con música desafinada y hechos chocantes: el Rey emérito errante, porque aquí generaba perjuicio de imagen a la institución; un conjunto de partidos comandados por Iglesias partidarios no de reformarla, sino de abrir una segunda transición que algunos temen como el inicio de una desintegración de España; y un grupo de ex militares que en un chat hablan de fusilamientos en medio de grandes elogios a Franco. Los republicanos más activos piden que el Rey Felipe condene la carta que le enviaron esos ex militares ya reconvenidos por la ministra de Defensa y el JEMAD, la autoridad militar. Cuanta menos importancia pública se les dé mejor, aunque hay que tomar nota de quienes son y que pretenden, como va a hacer la Fiscalía.
Mientras la política se aclara, aprobados los PGE, la batalla fundamental es ganar los Fondos Europeos de Reconstrucción para recuperar una economía dañada por la crisis del COVID y para cambiar el tejido productivo. Es la gasolina que el país necesita para remontar, pero su entrega la quiere impedir la deriva autoritaria de Hungría y Polonia, países que rechazan las limitaciones que le impone la Unión Europea. Atentos al próximo Consejo Europeo del día 10. España acude con los PGE aprobados y por tanto con opciones. Pero hay que salvar el veto de los autoritarios. ¿Cómo? El eurodiputado Domenec Ruiz Devesa, un socialista de la escuela Borrell, estima que “el Consejo debe encontrar una solución que no suponga ceder en el respeto al estado de derecho para acceder a la financiación europea. Si húngaros y polacos mantienen el veto al presupuesto multianual, el Consejo debería aprobar el Plan de Recuperación por mayoría cualificada, emitiendo deuda y amortizándola dentro del techo de gasto de la Unión Europea”. Todo muy complejo, pero es posible.
Si tener fondos cuesta perder democracia en Europa, y si tener mayoría parlamentaria en España pone en riesgo la cohesión del Estado, todo debería revisarse. Hay facturas inaceptables.
