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La ley Celaá y la Institución libre de enseñanza (ILE)

por Ángel Galindo García
6 de diciembre de 2020
ANGEL GALINDO
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DON QUIJOTE Y LA FELICIDAD

‘Los Amigos del País fueron verdugos de los gremios’

La Institución Libre de Enseñanza (ILE) fue un proyecto educativo desarrollado en España durante más de medio siglo (1876-1936). La institución se inspiró en la filosofía del krausismo, introducida por primera vez en la Universidad Complutense de Madrid por Julián Sanz del Río que, a pesar de ser posteriormente expulsado de dicha universidad, iba a tener un impacto significativo en la vida intelectual de la España de la Restauración.

La institución fue fundada en 1876 por un grupo de profesores universitarios descontentos, entre los que se encontraban Francisco Giner de los Ríos y otros , quienes se distanciaron del principal campus universitario de Madrid para lograr la libertad académica desde los nuevos ricos del final del siglo.

Se negaron a ajustar su enseñanza a cualquier dogma religioso oficial o la imposición moral y política de la época. En consecuencia, tuvieron que continuar su labor educativa fuera del sector existente mediante la creación de una institución educativa privada laica, comenzando con la instrucción a nivel universitario y luego extendiendo sus actividades a la educación primaria y secundaria. Posteriormente, hasta 1936, esta enseñanza dejo de ser privada para convertirse en paraestatal.

La ILE se ha definido siempre con los adjetivos propios de una educación laica, masónica, anticatólica y directiva. Se trata de una educación estatal que responde a un principio básico: quien domine la educación dominará al pueblo. La ILE tiene como enemigos a la familia y a instituciones independientes como la Iglesia. Su afán es cumplir con el principio “allá donde todos piensan lo mismo nadie piensa”.

Desde esta perspectiva la ley Celaá se propone: por razones partidistas, infravalorar el idioma español; en un ámbito puramente racista, supresión de la Educación especial; por motivos ideológicos, la promoción de la segregación por sexos; por genes comunistas, hace guerra a la educación concertada; movida por el regalismo, no a la enseñanza religiosa y fuera los valores morales que no coincidan con los del Estado. Con esto, la política dirigista, propia de los regímenes, está servida.

Las regiones más potentes y privilegiadas del estado español son el país vasco y Cataluña. La presión idiomática de los ricos de estas regiones, con privilegios forales, favorece el desprestigio de la lengua castellana en desprecio de las regiones llamadas charnegas.

En cuanto a la Educación concertada, la ‘Ley Celaá’ contempla que tanto los centros estatales como privados concertados no podrán percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, es decir, las familias no podrán financiar la enseñanza privada de la enseñanza concertada. La imposición de la enseñanza estatal, confusamente llamada pública, sobre la enseñanza social, privada y concertada, está asegurada.

Según la ley laicista de Celaá, la Religión no contará para acceder a becas pero recuerda que “el derecho de un estudiante a recibir formación religiosa no debe convertirse en una obligación para quienes no opten por esta formación, como impuso la LOMCE”. La asignatura de Religión no tendrá como contraprestación la asignatura de la ética.

Con la Segregación por sexos e igualdad de género, la ley considera la igualdad cuantitativa entre varones y mujeres pero no la cualitativa. La norma incluye que los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos estatales desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no separarán al alumnado por su género. La desigualdad personal está asegurada al proponer una educación en serie y en cadena.

¿Quién se esforzará en los estudios si sabe, como dice la ley, que puede pasar al curso siguiente con asignaturas suspensas? La permanencia en el mismo curso se considerará excepcional. Si la normativa anterior favorece a los ricos, el paso de curso con asignaturas suspensas empobrece más a los pobres que menos capacidad tienen para defenderse en la vida.

La educación especial ha perdido su legitimidad. Esta disposición abre la puerta a que las comunidades autónomas vacíen los centros de educación especial de alumnos para, progresivamente, “transformarlos en centros de recursos, sin apenas alumnado”. Esta es una manera de no tratar a cada alumno por lo que es, con sus capacidades. Tratar a todos con igualdad cuantitativa es la mayor desigualdad y discriminación de todas.

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