El secretario general del Partido Comunista de España, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Serrano, ha asegurado en la Comisión Constitucional del Congreso que “cualquier equiparación del nazismo con otro sistema político —como el comunista— es complicidad y negacionismo».
Muchos se preguntarán cómo es posible que un espectro político en España sea capaz de condenar ideologías totalitarias como el nacional socialismo pero no toque ni por asomo al comunismo, la doctrina política con más muertos a sus espaldas en la Historia. Más de 120 millones de muertos en 34 países desde 1917.
Todos los años recordamos el terrible holocausto judío, pero no pasa lo mismo con la Revolución Cultural China o el Holodomor, con siete millones de ucranianos muertos de hambre por las reformas agrarias impulsadas por Stalin. ¿Por qué?
¿Cómo es posible que exista un blanqueo de esta ideología genocida en pleno siglo XXI, cuando nuestros gobiernos se vanaglorian de autodenominarse democráticos? ¿Por qué el ser humano es capaz de ponerse de acuerdo y condenar las imperdonables acciones llevadas a cabo por Hitler, pero se divide a la hora de condenar a Lenin o Stalin? Es ilógico e inconstitucional.
Lo lógico sería ilegalizar la apología de toda dictadura, con independencia de su ideología, igual que es ilegal la apología de toda forma de terrorismo, sean cuales sean sus motivaciones políticas o ideológicas.
Al hacer esta discriminación se transmite a la sociedad la idea de que hay dictaduras buenas y malas. Desde un punto de vista democrático, toda dictadura es mala, con independencia de que haya algunas peores que otras. Sin embargo, algunos de los partidos que proponen ilegalizar la apología del franquismo al mismo tiempo ensalzan dictadores como Lenin o Fidel Castro. Así pues, cabe deducir que no quieren ilegalizar el franquismo por ser una dictadura, sino por no haber sido una dictadura comunista, y eso en un país democrático es inaceptable.
Con esta actitud se daría por hecho que hay víctimas de primera y de segunda categoría en las violaciones de derechos humanos. Entre las primeras se contarían las del nazismo y franquismo, que recibirían un trato preferente por parte del Estado, y entre las segundas estarían las víctimas del comunismo, que serían marginadas y olvidadas simplemente por la ideología de sus torturadores y asesinos. Esta discriminación sería abiertamente inconstitucional y contraria al Artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
¿Por qué hacer una excepción legal con la apología de ese terror totalitario?
De la misma forma, se blanquearía un movimiento totalitario que ha matado a millones de personas. ¿Por qué hacer una excepción legal con la apología de ese terror totalitario? ¿Simplemente porque tiene admiradores en el Gobierno de España?
El fascismo desapareció hace décadas. Hoy en día ya no queda ninguna dictadura de ese signo en el mundo. Las organizaciones fascistas son puramente marginales. Sin embargo, aún hoy más de 1.500 millones de personas -la quinta parte de la humanidad- siguen sometidas a dictaduras comunistas (China, Corea del Norte, Cuba, Laos y Vietnam), y esa ideología está promoviendo nuevas dictaduras también en Venezuela y Nicaragua.
El 18 de septiembre de 2019 el parlamento europeo aprobó una resolución común sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro del continente, en donde se condena expresamente los horribles crímenes cometidos por los comunistas en toda Europa sin excepción. Es, sin duda, un documento oficial con rango normativo indirecto que apenas ha tenido eco en los medios de comunicación españoles.
El Parlamento Europeo pide a todos los Estados miembros de la Unión, incluida España, que hagan una evaluación clara
El Parlamento Europeo pide a todos los Estados miembros de la Unión, incluida España, que hagan una evaluación clara y basada en principios de los crímenes y los actos de agresión perpetrados por los regímenes comunistas.
El Tribunal de justicia de la Unión Europea ha declarado que las Jurisdicciones nacionales deben tener en cuenta este tipo de declaraciones al interpretar las disposiciones nacionales para asegurar su puesta en práctica. No hacerlo, sería como admitir que la ideología comunista hace impunes a sus partidarios de cualquier crimen, empezando por los delitos de genocidio y de lesa humanidad cometidos por las dictaduras comunistas.
