Según la RAE, damnificado es quien ha “recibido un grave daño de carácter colectivo”; quizá víctima de una catástrofe natural o bien, producida por la acción humana. En este último caso, los daños físicos o morales serán investigados para determinar las responsabilidades y compensaciones que procedan. En algunas ocasiones, como ocurrirá con la Ley Celaá, resultará imposible valorar la cuantía de las pérdidas y la repercusión producida en varias generaciones. Serán cientos de miles de damnificados los que sufrirán graves consecuencias. Un sinnúmero de escolares que serán perjudicados en su formación, familias que verán mermada la libertad de elección de centro escolar, la misma sociedad perderá buenos profesionales (¿no estamos siendo víctimas ya de la incompetencia de mal gobierno?). El país en su conjunto perderá competencia industrial e influencia política en relación con otros países.
En algunos territorios autonómicos, muchos escolares no podrán ejercer su derecho a hablar y escribir correctamente en el idioma español; quedarán desarraigados en su propia patria. Una ley perversa que pretenderá adoctrinar desde la infancia y que, en lugar de estimular el esfuerzo, cercena la voluntad de mejora personal. Una incipiente voluntad que madura atraída por la sana ambición de aprender.
Siendo muchas las víctimas de esta nefasta ley, los más brutalmente agredidos serán los niños y niñas que necesitan mayor atención, que ahora reciben en los llamados “Centros especiales”. La pretensión de integrarles en aulas comunes con los demás escolares les priva de hecho de la atención especial, a la vez que distorsiona el ritmo de las clases. Además, se verán forzados a cerrar los Centros que desarrollan ese difícil y encomiable trabajo, ayudando a la formación de quienes necesitan técnicas de aprendizaje a su medida. Es difícil conseguir mayores estragos en la enseñanza y mayor número de damnificados desde el omnímodo puesto de un ministerio insensible a la realidad y a una patente demanda social. Muy al contrario, esta ley ha sido aprobada por un solo voto, en la sombra de una dolorosa pandemia, sin comparecencias, ni consultas a las organizaciones implicadas. Fabricada como un producto “frankenstein”, exigida por los partidos secesionistas a cambio de su apoyo a los Presupuestos generales.
Este engendro ideológico no debe aplicarse en aquellas autonomías donde sea posible evitarlo con los medios jurídicos y políticos necesarios. Así lo ha entendido el PP, que en esta ocasión ha reaccionado al “primer toque”. Por su parte, el presidente de Castilla y León se ha comprometido “a utilizar todas las herramientas que nos permita el Estado de Derecho para defender el sistema educativo de Castilla y León y a toda su comunidad: alumnos, docentes y familias” (El Adelantado, 20/11/20). Se trata de una atinada reacción del PP para defender una educación de calidad, blindando jurídicamente la enseñanza que se imparte en los Centros concertados y en los especiales. Algunos admiradores de la ley Celaá, por razones personales o de partido, no deberían llamar insumisión a lo que se hace dentro de la Constitución y utilizando las competencias transferidas en educación. Y debería extenderse a otros ámbitos, como el de la sanidad. A la acción (presión) secesionista sobre el Gobierno, se debe oponer una reacción legítima, no sólo en el campo de la educación. Es un ejercicio político de defensa propia. No es insumisión, sino defensa legal contra una pretendida sumisión.
