Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 pasaron esta semana su primer trámite al rechazar la mayoría del Congreso las enmiendas a la totalidad, de devolución al Gobierno, presentadas por la oposición. Finalmente, los socios de investidura de Sánchez, Bildu incluido, permitieron que las cuentas siguieran su tramitación y habrá que ver en sucesivos pasos si empeoran aún más y cuántas y qué cesiones se ve obligado a hacer el Gobierno hasta su aprobación total allá por enero.
El proyecto ha sido ya criticado tanto por el Banco de España como por la AIReF. Tampoco ha contado con el visto bueno de empresarios, autónomos y economistas de todo tipo. Las críticas son de calado, al ir dirigidas a la raíz de estas cuentas, calificadas de contraproducentes, equivocadas e irreales por sobrevalorar los ingresos aun subiendo impuestos y porque los gastos son desmesurados y en partidas que en su mayoría poco tienen que ver con la necesidad de afrontar la pandemia sanitaria y la crisis económica. Solo hay que observar lo que están haciendo la mayoría de los países de nuestro entorno, cuya actuación ha sido bajar impuestos y poner miles de millones en ayudas directas a las empresas y autónomos para salvar el tejido productivo y los empleos.
El viernes, las críticas llegaban desde el FMI. El organismo internacional considera que no es el momento de subir los impuestos, ni de aumentar el coste de las partidas de salarios de empleados públicos y jubilados
El viernes, las críticas llegaban desde el FMI. El organismo internacional considera que no es el momento de subir los impuestos, ni de aumentar el coste de las partidas de salarios de empleados públicos y jubilados. Cree el FMI que el déficit público se elevará por encima del 14% del PIB y que el Presupuesto no contiene ningún plan de ajuste de deuda y déficit para los próximos años.
No parece, sin embargo, que el Gobierno esté dispuesto a escuchar ninguna de estas recomendaciones, a pesar de que España es ya, de los cuatro grandes de Europa, el país con más riesgo de quiebras empresariales, el que tiene más paro y el que peor va a afrontar la salida de la crisis, que muchos ya sitúan en 2023 como pronto. Tampoco parece que, a pesar de lo acordado en el Pacto de Toledo, las reformas que se quieren introducir en el sistema de pensiones vayan a lograr su sostenibilidad a medio y largo plazo. Lo que sí parece es que el Gobierno ya está pidiendo a Bruselas un adelanto de los fondos previstos para la reconstrucción para cubrir los gastos de tanto Ministerio y los pagos de prestaciones a las que el SEPE tiene que hacer frente en los próximos meses.
