La calidad de la enseñanza pública, la libertad de elección de la concertada, especial y diferenciada y el castellano como idioma oficial y vehicular, son derechos fundamentales que no pueden ser moneda de cambio por los PGE.
Entregar la educación a cambio de votos para afianzar unos presupuestos, es indignante tanto del gobierno que lo propone como de los que lo votan en el Congreso. Los españoles no nos merecemos pagar tan alto precio para que Sánchez siga en la Moncloa. Es una ley que no busca la mejora de la calidad educativa en positivo, sino que va contra la educación concertada, contra la elección de centro por los padres, contra la educación diferenciada y, a través del control político de la educación, se pretende una agresión a la libertad de conciencia evitando la formación en valores éticos, filosóficos o religiosos.
Esta Ley es una ley sin consenso, sin pacto educativo, sin debate social en el Congreso, sin escuchar a los padres, sin consultar a los colegios, sin hablar con los profesores, sin respeto a la diferencia educativa . Se ¿pueden decir tantas colas malas de algo?
La cesión a los independentistas del castellano, es un atropello que vulnera los principios, derechos y libertades que recoge la Constitución y por ello, una vez más, el Partido Popular presentará un recurso al Tribunal Constitucional para evitarlo, pues todos los españoles tienen el derecho y el deber de conocer la lengua oficial del estado, y el castellano lo es.
La arrogancia, la incompetencia y la mentira en la gestión de casi todo lo que está haciendo este Gobierno es insoportable y bochornoso, y quienes le aplauden y votan, sólo buscan su confortabilidad e interés personal.
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(*) Diputado del PP por Segovia.
