Alexis de Tocqueville escribió un magnífico libro: ‘La democracia en América’. Elogiaba el juego de equilibrios constitucionales que había dotado al país de una solidez democrática, aunque no dudaba en señalar algunas de sus amenazas y debilidades. Entre las primeras destacaba el peligro de cierto despotismo suave en aquel presidente que no contara con el control y el contrapeso de una Cámara fuerte, como lo es hoy el Senado. Los americanos se independizaron en 1776; se deshacían de la figura de un rey, pero necesitaban un poder fuerte que lograra llevar la ley y el orden a cualquier rincón de un país todavía por unificar. En la Constitución de 1787 ese poder se residenció en el Congreso del nuevo Estado, con dos cámaras, la de Representantes y el Senado; la Constitución regula con más exquisitez y desarrollo las competencias del Congreso y de sus dos cámaras que las del presidente. Con el tiempo, y casi a codazos, las distintas instituciones pergeñadas por la primera Carta Magna democrática de la historia fueron haciéndose un hueco en el entramado jurídico del país. Y la figura del presidente fue tomando cada vez más relevancia, en ocasiones con severas confrontaciones con los legisladores. Qué decir del Tribunal Supremo. Gracias a jueces como John Marshall (1755-1835) o James Kent (1763-1847) se asumió la labor de construir unos cimientos jurídicos lo suficientemente sólidos como para edificar una nación solvente, dotada de la autoridad necesaria para ser gobernada con eficacia.
Pero Tocqueville (1835) temía que un presidente fuerte, comandante jefe de los ejércitos, derivase en un déspota suave si no se hacía efectiva la teoría de los contrapesos. Quién le dijera que su temor pudiera trasladarse casi doscientos años más tarde y se evidenciara en las manifestaciones salidas de la boca de un presidente americano como Donald Trump, que se atreve a airear la sombra de un fraude electoral y se yergue en ganador antes de ser proclamado como tal. Mal hace el presidente americano en poner en duda la solidez de las instituciones de su país; igual de mal que quienes levantan interrogantes sobre la equidad jurídica de los miembros del Tribunal Supremo en el caso en que estos tuvieran que decidir sobre cuestiones del proceso. La peor dinamita que puede encontrar una sociedad democrática es el debilitamiento de sus instituciones; que se levante sobre ellas la incertidumbre; que se ponga la lupa en cada una de sus actuaciones como si se dirigieran estas a la satisfacción de intereses particulares, no generales. La permanente discusión sobre las instituciones democráticas debilita cuando no envilece a la propia democracia. La protagonice un vicepresidente del Gobierno español o el presidente de los Estados Unidos de América.
No es la primera vez que conocemos escrutinios disputados en EE.UU. En el año 2000, la disputa entre George Bush (jr) y Al Gore fue durísima. Al final, el Tribunal Supremo decidió anular unas papeletas con caracteres defectuosos y se dio por zanjado el recuento. Lo que podría haber sido una victoria del entonces vicepresidente, terminó en derrota por los pelos. Pero Al Gore acató con ejemplaridad la decisión del Tribunal Supremo y nadie discutió la legalidad y la legitimidad de la presidencia del segundo George Bush. Suprema diferencia con lo que en ocasiones ha sucedido en nuestro país, cuando se quería desconocer que en un Estado de Derecho la única legitimidad procede de la legalidad. Por desgracia ahora se observa lo mismo en la democracia liberal más antigua del planeta.
Hablaba de Tocqueville. Si en su libro señalaba la amenaza que podía cernirse sobre la reluciente sociedad americana, también ponía el acento en una fortaleza que podía terminar en debilidad: la aspiración máxima de igualdad entre los hombres podía conducir al gobierno de los mediocres. Ejemplos los ha habido en el país americano, y el propio Trump es una buena muestra de ello. Los hay también en países no democráticos, con la diferencia de que en estos suelen durar más. Generalmente la calidad de los gobernantes es un promedio de la calidad de la sociedad a la que representan. Por eso son tan importantes las instituciones, que transcienden a las personas y garantizan la libertad y los derechos de ciudadanos iguales. Los exabruptos de Donald Trump y de sus seguidores alardeando la sombra del fraude casan mal con el espíritu de los padres fundadores que con tanta emoción plasmaron en la introducción de su Constitución: “Nosotros, el Pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una Unión más perfecta, establecer Justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la Defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la Libertad, estatuimos y sancionamos esta Constitución para los Estados Unidos de América”. Es hora de reafirmar estos principios, sin resquicio alguno, aunque sea en un país que presenta en estos momentos una gran fractura política y social.
