La propiedad privada es un derecho fundamental e irrenunciable.
Durante los últimos meses se está produciendo en nuestro país un incremento preocupante de los casos de usurpaciones de viviendas cuyos propietarios se ven gravemente afectados al verse privados ilegalmente del disfrute de su propiedad privada, a la vez que constatan la falta de instrumentos legales y jurídicos necesarios para recuperar de forma inmediata la posesión de su vivienda y el desalojo de los ocupantes que, como mucho son condenados a una multa que, en la mayoría de los casos, ni se hace efectiva.
Esta situación está generando una importante alarma social. Existe una enorme preocupación y temor en la inmensa mayoría de la población que se atiene y respeta ejemplarmente la normativa vigente a ver su propiedad o inmueble ocupado y que ve que está desamparado legalmente.
Pero esta situación se ha visto agravada como consecuencia de la posición de algunos gobiernos locales de ideología radical de izquierdas, que han favorecido, animado, promovido y justificado la ocupación de viviendas.
La irresponsable actitud de algunos gobiernos locales, así como de formaciones políticas que hoy tienen a sus representantes en el seno del Consejo de Ministros, ha provocado serios problemas de convivencia vecinal que en muchos casos han terminado en enfrentamientos, inseguridad, insalubridad y amenazas manifiestas de grupos organizados de okupación ilegal hacia los respetuosos vecinos, legítimos propietarios o inquilinos de sus viviendas.
Sin olvidar, la decisión de no adquirir una vivienda por parte de pequeños ahorradores, en muchos casos con el objetivo de ponerla en alquiler para complementar su pensión en el futuro, ante la inseguridad jurídica reinante, dicha decisión de no invertir, de no comprar, supone un varapalo para la construcción y rehabilitación de viviendas con el nefasto efecto que provoca en el empleo.
Algunos Gobiernos radicales de izquierdas han hecho un flaco favor al respeto de la normativa vigente, en especial al artículo 33 de la Constitución que garantiza el derecho a la propiedad privada, lo que ha contribuido al ascenso hasta las 12.214 ocupaciones ilegales detectados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a lo largo del 2.018 y, durante los últimos meses del año 2020 se han vistos incrementados los casos de forma exponencial. Así, durante el primer semestre del año se registraron 7.450 denuncias relacionadas con este delito en España, lo que supone un 5% más respecto al mismo periodo de 2019. Es decir, en la primera mitad del año se registraron más de 40 denuncias al día en España por ocupaciones ilegales; situación que de forma inaudita e inconcebible trata de ser vestida de normalidad por el Partido Socialista.
Ante semejantes atropellos e irresponsabilidades, los Grupos Parlamentarios Populares en el Senado y en el Congreso han presentado iniciativas, encaminadas a luchar contra esta lacra, por una parte, para respetar la Constitución, salvaguardando el derecho a la propiedad, respetar el patrimonio tanto privado como público, así como el de proteger a propietarios e inquilinos del uso y disfrute de su morada, sin que ello suponga desproteger a las personas más vulnerables.
Desde el Grupo Parlamentario Popular del Senado, hemos instado al Gobierno a articular las disposiciones oportunas a fin de establecer una normativa que contribuya a evitar la ocupación ilegal, así como a defender y respetar el derecho a la propiedad, articulando mecanismos que garanticen la recuperación inmediata de la vivienda o morada ocupada y, por supuesto, facilitar herramientas útiles y ágiles a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para optimizar los recursos con los que cuentan.
La autoridad pública o sus agentes deben disponer de la potestad para desalojar con agilidad, en un plazo máximo de 48 horas, los inmuebles ocupados.
Debe modificarse el delito de usurpación de viviendas regulado en el artículo 245 del Código Penal imponiendo una pena de prisión de entre uno y tres años, introduciendo el supuesto de que concurran dos o más autores, actuando en grupo organizado, de manera sistemática o concertada.
Un inmueble ocupado ilegalmente no pueda tener la consideración de morada, de manera que los ocupantes ilegales no gocen de la misma protección que quien compra una vivienda o vive en un piso pagando su correspondiente alquiler.
La ocupación de un inmueble no pueda dar lugar a la inscripción de los ocupantes en el Padrón Municipal. La inscripción en el Padrón de un ocupante ilegal debe considerarse nula y no constituirá prueba de su residencia o domicilio, ni atribuirá ningún derecho.
Los Ayuntamientos deben de dar de baja de oficio, o a instancia del propietario o poseedor legal legítimo, las inscripciones de las que tengan conocimiento.
Es necesario perseguir y combatir cualquier tipo de enaltecimiento y decisión en beneficio del movimiento de la “okupación” que se lleve a cabo desde las instituciones, por la vulneración al derecho a la propiedad que supone.
Asimismo, instamos al Gobierno a seguir adoptando todas las medidas necesarias de apoyo y amparo de las situaciones más desfavorecidas o vulnerables que afectan a numerosas familias españolas y que carecen de alternativa habitacional; y eso no puede resultar argumento ni excusa de mal pagador mezclándolo con hechos delictivos.
El Partido Popular ha presentado una proposición de ley con estos objetivos.
La pregunta es ¿El Partido Socialista va a seguir siendo cómplice silente de Podemos en esta materia?
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(*) Senador del PP de Segovia.
