Cuando inicio la redacción de este artículo, ya se conoce algo más que grandes rasgos del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Empiezo por lo local, y por una obra muy reivindicada por este periódico: la restauración del retablo del altar mayor de El Parral y de los cenotafios de los marqueses de Villena, a los que se destina un crédito presupuestario de 350.000 euros. Algo lejos del total del proyecto, cuya inversión estimada es de 872.894 euros. Como el plazo de ejecución es de 18 meses, ello puede dar una idea de cuándo prevé el Gobierno que se resuelva el litigio que ahora paraliza la ejecución. Por lo menos se mantiene el crédito, lo que garantiza que el proyecto no será olvidado.
La otra consignación, muy importante, es para el Palacio de Justicia de Segovia, una obra muy reclamada y necesaria, dada la desastrosa situación en que se encuentran los juzgados y tribunales segovianos, según ha reconocido el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el segoviano José Luis Concepción.
Vayamos a lo general: lo primero que llama la atención de las líneas maestras conocidas ayer es la previsión de ingresos que aparece consignada en el proyecto de Presupuestos. Va relacionada con un crecimiento del PIB que parece estimado antes de la segunda ola, y por lo tanto con escasa credibilidad en su cumplimiento. Y si los ingresos terminan por incumplirse y los gastos se mantienen, el resultado de la ecuación deriva en mayor déficit, y por lo tanto en mayor endeudamiento para sufragarlo.
No seremos nosotros quienes nos opongamos a unos Presupuestos expansivos en tiempos de crisis, pero parece cuestionable que mientras que en la empresa privada se ha producido una sangría con quienes han ido al paro y los que permanecen en ERTE —con la consiguiente disminución de sus ingresos— los funcionarios, con permanencia y regularidad en el puesto de trabajo, vayan a ver aumentadas sus percepciones alrededor del 1%. Esta partida, contenida en el capítulo 1 de los Presupuestos, es recurrente y por lo tanto contracíclica: mala receta y más cuando la inflación está contenida y el coste de la iniciativa puede rondar los 1.500 millones de euros.
Unos Presupuestos expansivos como estos tendrían que ir avalados por una proyección a medio plazo del escenario de gastos y de ingresos y de las políticas fiscales de reajuste a ejecutar en el futuro para disminuir el excesivo endeudamiento de la economía española. Por más que diga la oposición, el Ejecutivo ha sido muy comedido en el proyecto con la política de ingresos que depende de la imposición tributaria. Los aumentos son puro márquetin con escasas consecuencias recaudatoria.
Dejo para lo último la intervención sobre los alquileres. Por técnica presupuestaria no me parece el lugar idóneo para una medida de este calibre. Pero se ha hecho antes con otras cuestiones y me temo que se seguirá haciendo en el futuro. Es ridícula la medida por su ineficacia y por lo que supone de brindis al sol. Tan difícil es poner puertas al campo como regular un mercado tan susceptible como es el de los alquileres. La alternativa puede ser la detracción de la oferta —con el consiguiente repunte de los precios— y su canalización por circuitos extraoficiales.
