España se encuentra en una crisis económica y sanitaria sin precedente. La una se retroalimenta de la otra. Los datos que publicaba el otro día el Fondo Monetario Internacional son preocupantes; de las economías avanzadas del planeta es la que peor encara la crisis del 2020, con una previsión del crecimiento del 12,8% al final del ejercicio. La deuda pública sobrepasará, por su parte, el 100% del PIB, con un crecimiento de 23 puntos con respecto al ejercicio precedente.
La gestión de la crisis sanitaria no era fácil pero ha dejado mucho que desear, tanto a nivel de Gobierno central como autonómico. Pero en un panorama como el que vivimos, la Nación no puede permitirse una crisis institucional. Y, sin embargo, se está experimentando en los últimos tiempos un feroz ataque a instituciones como el poder judicial e incluso a la más alta magistratura del Estado, cual es la Corona, símbolo de su unidad y permanencia, como remarca el título II de nuestra Constitución en su artículo inicial. Ahora le toca el turno a las Cortes Generales, utilizándose, al igual que las críticas al poder judicial y a la Corona, como instrumento para satisfacer intereses partidistas y cortoplacista, lejos de la defensa del interés general y, sobre todo, del que se requiere en un momento determinado como es este.
Una moción de censura es un instrumento legítimo y constitucional; pero se desvirtúa cuando se utiliza en el momento procesal más inoportuno con el simple objetivo de sacar rentabilidad política particular y sabiendo que no existe ninguna oportunidad de salir adelante con el propósito. Lo mismo pensamos de cuando la utilizó Podemos para desgastar al PSOE, no al Ejecutivo de Mariano Rajoy, tras la abstención de los socialistas que permitió a los populares sacar adelante su proyecto de gobierno. Vox ha usado los mismos mecanismos que tanto critica en los demás. Tiene su minuto de gloria, y posiblemente ponga en apuros al PP. ¿Y después, qué? ¿Qué sacan de claro; qué ganan los ciudadanos españoles de todo esto?
No hemos pecado desde este periódico de ser tibios con el actual Gobierno español. Hemos criticado su deficiente planificación de la gestión sanitaria y el retraso y titubeos en aprobar unos planes económicos creíbles de cara al futuro. También el escenario inaudito de un vicepresidente criticando al poder judicial y a la jefatura del Estado. Y coherente con ello, y con la misma firmeza, afirmamos que no podemos permitirnos el lujo de más inestabilidad institucional; de más división: de más polarización; de más politiqueo de corto alcance cuyo único objetivo es ocupar plaza en el reparto de las influencias políticas. Ello termina suponiendo una lejanía de los ciudadanos de los representantes políticos, y por lo tanto el rebrote de iniciativas populistas y antidemocráticas. Hace unos días, diversos medios internacionales tipificaban a nuestro país como un Estado fallido. Nada más lejos de la realidad. Pero ello se demuestra con el respeto a las instituciones como tales, incluso al Parlamento, que no debe convertirse en un escenario de mero enfrentamiento y en un lugar propicio para el insulto y el desprecio del contrario. Llamar criminal a un Gobierno legal –y una democracia se caracteriza por el imperio de la ley- no es una demostración de respeto institucional. E, insistimos, es imprescindible en estos momentos cambiar el clima que preside, desgraciadamente, la política en este país, y centrarse en la resolución conjunta de las patologías que señalábamos al comienzo de este editorial. Conseguir este objetivo es, aunque cada uno con diferente carga a sus espaldas, responsabilidad de todos.
