Parece que el Gobierno de la Nación está empeñado en socavar las más altas instituciones del Estado. Decimos parece porque aunque no esté en su voluntad hace todo lo posible porque así parezca. El vicepresidente insiste un día sí y otro también en poner en cuestión la figura del Rey. Y ahora, el presidente se obceca con su proyecto de alterar el equilibrio a la hora de la elección de los componentes del Consejo General del Poder Judicial. El artículo 122, 3, de nuestra Constitución deja clara la mayoría cualificada de 3/5 de los votos que se necesita para elegir a los 4 miembros que corresponden al Congreso y los otros tantos al Senado. ¿A qué se debe entonces esta nueva pirueta del Gobierno? Otra vez se lanza un debate ficticio que lo que muestra es la incapacidad de llegar a acuerdos entre la clase política de este país. Además de distorsionar la imagen del poder judicial, clave en un Estado de Derecho como es el nuestro, y más cuando, desgraciadamente, dedica parte de su actividad a juzgar comportamientos indecentes de algunos políticos corruptos o prevaricadores.
La Constitución dice claramente que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados sometidos solo al imperio de la ley. Si la justicia emana del pueblo es lógico que quienes la administran también pertenezcan a ese pueblo, y por lo tanto sean elegidos sus órganos de gobierno por los detentadores de esa representación, parlamentarios y senadores, y no solo por los funcionarios que componen la carrera. Lo contrario supondría una endogamia de resultados inciertos.
Pero la misma lógica posee que se requieran mayorías cualificadas para elegir el gobierno de los jueces –y otros organismos del núcleo del Estado-. Ello obliga a acuerdos transversales y favorece la estabilidad del sistema, que es lo único que deberían perseguir nuestros representantes políticos. No está mal hecho el procedimiento; realizan mal el trabajo quienes desde posiciones personalistas y partidistas están menoscabando el entramado institucional del país. El PP tendría que asumir que el Gobierno es el que es hasta que las urnas digan lo contrario, y el Ejecutivo desterrar argumentos de su discurso que solo conducen a la inestabilidad e inseguridad jurídica del país. Basta ya de desbarajustes con las instituciones. Destierren ese otro virus que no mata, pero hace daño al modelo y a la imagen de España.
