Cambiar las reglas del juego en función del minuto y resultado de la lucha por el poder es poco democrático. Y no me extraña que en Bruselas salten las alarmas por un supuesto de la llamada ‘condicionalidad’ respecto al acceso de los países a los fondos de ayuda habilitados por la UE para ayudar a los países más castigados por la pandemia.
El supuesto es la saludable vigencia del Estado de Derecho en los solicitantes de las ayudas: 140.000 millones de euros a lo largo de seis años en el caso de España. Si esa condición se incumple o se cumple a medias, el acceso a las ayudas también se incumplirá o se cumplirá a medias por parte de Bruselas. Así se desprende del reglamento elaborado por la presidencia semestral de la UE, que ahora recae en la Alemania de Merkel.
El asunto tiene un antecedente. Hablo del informe de la Comisión Europea que expresa dudas sobre el funcionamiento del Estado de Derecho en nuestro país. Con la advertencia concreta de que urge renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato terminó hace dos años.
El trasfondo del informe remite a la independencia del poder judicial, respecto al Legislativo y al Ejecutivo, como uno de los principales indicadores de la salud democrática de un país. “Es importante asegurarse de que no sea percibido como vulnerable a la politización”, ha declarado un portavoz de la Comisión en relación con la iniciativa legislativa del PSOE y UP.
Una iniciativa que, como digo al principio del artículo, pretende cambiar las reglas del juego según el minuto y resultado de la lucha política. Esa sería la resultante de rebajar la vigente mayoría parlamentaria (de tres quintos a mayoría absoluta) para elegir a doce de los veinte vocales del órgano de gobierno de los jueces. Así ya no sería necesario pactar la elección con el PP. Bastaría con tener la conformidad de las fuerzas políticas que hicieron presidente del Gobierno a Pedro Sánchez, lo cual no contribuiría precisamente a reforzar la apariencia de imparcialidad de jueces y tribunales.
La proposición de ley presentada por los partidos de la coalición de Gobierno (no del Gobierno, ojo) va a ser llevada al Tribunal Constitucional por el PP. Y, si la iniciativa de PSOE y UP sale adelante, podría acabar ante el TS de Justicia de la UE. De momento, ya se ha convertido en piedra de escándalo en ámbitos políticos y mediáticos nacionales e internacionales. Un paso más en el deterioro de la imagen de España, que está sufriendo serios desperfectos en el exterior, mientras aquí crece la desconfianza del ciudadano en su clase dirigente.
A muchos se nos ha erizado el pelo viendo cómo estos días, en algunos espacios mediáticos y políticos europeos, el nombre de España aparece asociado al concepto de Estado fallido. Espero que se quede en una tardía tormenta de verano.
