Tiene razón Pablo Iglesias cuando dice que “la derecha no volverá a gobernar en España durante mucho tiempo”. Lo tiene menos cuando asegura que por ello se dedica “a la crispación y a la contaminación acústica”, como si ellos y sus socios de gobierno y de conveniencia estuvieran callados y mano sobre mano.
Pero cuando afirma que “la derecha de berrinche y cacerola no gobernará en España porque nunca sumará mayoría en el Congreso”, está muy cerca de la verdad. Y con las reformas en marcha, mucho más. Al menos, si no cambian muchas cosas y muy deprisa.
Los socios del Gobierno de coalición, se ve todos los días, tienen discrepancias que harían casi imposible un acuerdo en los asuntos más relevantes como son la propia Constitución, la forma del Estado, el papel del Rey, las grandes líneas económicas, la libertad de empresa o la libertad de información, la propiedad privada y muchos más, pero aparcan las discrepancias y si hace falta tragan sapos y culebras y siguen adelante en lo que les importa: mantener el poder al precio que sea y alejar la posibilidad de que la derecha, las tres derechas, la derecha y media o la ultraderecha pueda ser una alternativa real.
Actúan en la limitación de derechos, la educación, el control radical de los medios públicos de comunicación, el CNI donde Pablo Iglesias ha conseguido un sillón preferente, pactan con los independentistas, acercan a los presos de ETA para llevar a Bildu y al PNV a su territorio y reformarán todas las leyes necesarias no para una mejor gobernanza sino para garantizar su permanencia en el poder.
La última reforma, la del Poder Judicial desnuda una realidad. A ningún partido —tampoco al PP, ojo, porque pudo hacer reformas para garantizar la independencia de la Justicia cuando tenía mayorías suficientes y no las hizo— les importa la independencia del Poder Judicial. Lo que quieren es controlarlo o, cuando menos, evitarse “sorpresas indeseables”.
Hasta ahora había habido un reparto PP-PSOE con migajas para terceros. Incluso nombraban presidente antes de que los vocales votaran. Pero había una apariencia de respeto. Hasta eso se acabará ahora. Sánchez se salta lo que defendía en campaña, elude a los órganos consultivos y se pasa por el forro la Constitución, la doctrina del propio PSOE y la del Tribunal Constitucional. Los que ganen las elecciones controlarán sin contrapesos la Fiscalía, el Poder Judicial, RTVE, la CNMV, la CNMC y todos los organismos que deberían ser los que controlaran al Gobierno. Se acabó la división de poderes. El que se mueva, no saldrá en la foto. Solo la negativa conjunta de todas las asociaciones judiciales a entrar en este juego, que nos pone al nivel de Polonia, podría detener este asalto a la separación de poderes y a la seguridad jurídica.
Y, mientras, la derecha, dividida, sin proyecto para España, sin alternativas sólidas a los problemas reales, ausente en Cataluña y en el País Vasco, montando batallitas como la moción de censura. A este Gobierno no lo van a echar Vox o el PP. La única esperanza para el cambio es que los barones socialistas —esos que guardan un sepulcral silencio ante el rumbo errático de su actual líder—, la Justicia europea o el hundimiento de la economía abran los ojos a quienes los llevaron al poder, bajo promesas que Pedro Sánchez se salta todos los días con absoluto descaro.
“A España no la va a conocer ni la madre que la parió”, dijo en su día el, hoy, moderado, Alfonso Guerra. Pero quien está a punto de conseguir el cambio de régimen y de mandar a la derecha al limbo es Pablo Iglesias. Y no podría hacerlo si Pedro Sánchez no estuviera de acuerdo.
