Con frecuencia se suele equivocar el concepto organización del territorio con el de ordenación del territorio; mientras que la ordenación es la concreción en un determinado espacio de la política social, económica, cultural y hasta ecológica de una sociedad, la organización territorial trata de la estructuración de las administraciones públicas para la mejor prestación de servicios a los ciudadanos. La primera tiene como instrumentos desde las Directrices de Ordenación hasta los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales.
La organización territorial de Castilla y León —con las distintas unidades básicas y áreas funcionales— está recogida en la Ley /2013, una ley compleja y con escaso desarrollo, quizá porque se realizó en su momento más desde los despachos que al pie de la calle, y, después, por la tremenda disparidad que existe en un territorio tan grande y distinto como es la comunidad autónoma.
Nada tiene que ver el Enclave de Treviño con el resto; Tierra de Campos se reparte entre varias provincias, y en Segovia poca organización territorial hace falta porque ya están en funcionamiento desde hace casi 1.000 años las comunidades de villa y tierra.
Hace bien el vicepresidente de la Junta en tantear el terreno. Y hará mejor en aprender de precedentes como Aragón o Cataluña, con las comarcas y veguerías. Fundamentalmente han servido para crear una quinta administración de dudosa eficiencia. El proceso de las comarcas aragonesas rozó el ridículo, al asumir competencias que después tenía que devolver quedándose, eso sí, con los recursos transferidos, que no eran finalistas. Y disparando el gasto público.
