En España nos hemos cargado la presunción de inocencia y cualquiera es culpable incluso antes de ser acusado, investigado o imputado, aunque los jueces no hayan dicho la palabra final.
Y, al mismo tiempo, incluso cuando hay sentencia, nadie asume responsabilidades políticas ante los errores o, incluso, ante los delitos por no haber vigilado adecuadamente lo que tenía encomendado.
No basta, tampoco, con reconocer los errores. Hay que hacer algo más: dimitir, apartarse de la vida pública, resarcir el error. El ministro de Sanidad se niega a constituir una comisión independiente de expertos que investiguen qué hemos hecho mal en la gestión de la pandemia -que han sido muchas cosas- no ya para sancionar los errores sino para evitar que volvamos a repetirlos. Y lo hace con la peregrina excusa de que ahora está volcado en frenar la segunda ola.
Por esa misma razón, el Gobierno del que forma parte no debería ocuparse de otra cosa que de buscar soluciones a la situación sanitaria, a la económica y social, pero eso no le impide poner en marcha una ley de memoria “democrática” -o de desmemoria porque ignora intencionadamente a una mitad- o una reforma educativa de espaldas a la comunidad escolar, sin entrar ya en esa guerra contra la Constitución y la Corona desde las filas del mismo Gobierno.
También si me apuran de la renovación del Consejo del Poder Judicial -imprescindible constitucionalmente- pero que apenas esconde la voluntad de poner a jueces “más favorables” al Gobierno, mientras la oposición se niega para garantizar lo contrario. Pero a lo que vamos. La reciente sentencia de la Audiencia Nacional -pendiente de recursos al Supremo- pone de manifiesto de una manera tajante que quienes estaban obligados a supervisar el proceso -el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el FROB, la Autoridad Bancaria Europea (EBA)– no solo lo supervisaron a fondo, como era su obligación y su responsabilidad, sino que dieron su beneplácito sin plantear ningún problema.
¿Y estos organismos no tienen ninguna responsabilidad, no digo penal, sino política? ¿No deberían presentarse delante de los ciudadanos para pedir, al menos, disculpas, por un trabajo mal hecho desde puestos técnicos a los que llegaron, sobre todo, por su carné político? El Banco de España lo presidía Miguel Ángel Fernández Ordóñez, socialista; la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la presidía Julio Segura, socialista; el FROB, un subdirector del Banco de España.
¿No tienen nada que decir o que asumir los ex ministros de Economía Solbes y Elena Salgado y el presidente Rodríguez Zapatero que promovieron la inviable fusión de Bankia y su salida a Bolsa, como ahora Sánchez y su ministra de Economía han ‘monitorizado’ en secreto el ‘regalo’ de Bankia a Caixabank, con pérdidas multimillonarias para los españoles? Sin duda se equivocaron, como lo hicieron los responsables de Bankia, pero mientras unos han pagado pena de banquillo, los políticos de carné se van de rositas. Aquí las responsabilidades siempre se exigen solo a los otros.
Decía Ortega – y todavía no había pasado casi nada- que “el mayor peligro que amenaza la civilización (es) la estatificación de la vida, el intervencionismo del Estado, la absorción de toda espontaneidad social por el Estado…” “La sociedad, añade, tendrá que vivir para el Estado; el hombre para la máquina del Gobierno».
«Y el Estado, una vez que haya chupado hasta el tuétano a la sociedad, se quedará hético (tísico), esquelético, muerto”. Y, como sucede ahora, sin que los que gobiernan, se llamen Zapatero, Rajoy o Sánchez tengan que responder políticamente -no sólo electoralmente- de lo que hacen o de lo que han hecho con los recursos de los ciudadanos.
