La política no es un oficio fácil. A la audacia en la acción, la puntería para adoptar decisiones y la valentía para llevarlas a cabo, un servidor público debe sumar una cierta habilidad para saber comunicar sus actuaciones y para escoger convenientemente el contexto y el momento en los que lo hace.
Esta semana, con Madrid de nuevo en el epicentro del rebrote de la pandemia, al vicepresidente y al consejero de transportes de esa comunidad no se les ocurrió otra cosa que inaugurar solemnemente un dispensador de gel hidroalcohólico en una estación de Metro. Un acto tan chocante quizás nunca debió producirse, para no hacer el ridículo y alimentar memes en las redes.
Y la idea en sí, que quizás tuvo su momento cuando salimos del confinamiento, resulta extemporánea seis meses después de declarado el estado de alarma. Si además nos dicen que el objetivo es concienciar sobre su uso, el ridículo personal alimenta la indignación de una ciudadanía que, salvo insensatas excepciones, está a estas alturas suficientemente concienciada sobre las medidas de autoprotección para prevenir la COVID.
Salvando todas las distancias, tampoco ha tenido acierto en la elección del momento y del contexto el ministro de Justicia cuando, el pasado miércoles y sin venir a cuento, anunció en la tribuna parlamentaria que iba a iniciar la tramitación de la petición de indulto de algunos presos encarcelados por el procés.
Pablo Casado reaccionó inmediatamente acusando a Sánchez de no defender los intereses de España y presentó el anuncio del ministro como el “alto precio que paga a los independentistas por seguir en el poder”. No sabemos si el indulto será finalmente concedido, pero de momento el paso dado no supone otra cosa que cumplir con una obligación legal. No hacerlo sería prevaricador, y por eso la reacción de Casado es prematura, como la de los independentistas, reclamando una amnistía que no contempla la Constitución, es excesiva.
Pero el hecho de que el líder de la oposición eleve como de costumbre el tono de su crítica por encima de los límites razonables del debate político no exime al ministro de cuidar la prudencia debida. Y realizar este anuncio en un momento en el que el Gobierno está procurándose apoyos para sacar adelante los presupuestos, y el de los independentistas catalanes es fundamental, puede transmitir la sensación, confiamos que equivocada, de que el anuncio forma parte de los términos de la negociación. Y siempre y en cualquier ámbito, especialmente en el de la política, conviene que las cosas que no son, no lo parezcan.
