El último Pleno del Congreso rechazó la convalidación del decreto sobre el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que pretendía la cesión de remanentes de los Ayuntamientos. Invocando la ley Montoro de 2012, intentaba que los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales pusiesen a disposición de la Administración General del Estado la totalidad de su Remanente de Tesorería para Gastos Generales.
La excusa era asegurar la estabilidad económica y financiera, sustrayendo varios miles de millones de las cuentas de las corporaciones locales. Pero, nadie podía confiar en la gestión de un Gobierno que ha dado muestras hasta la saciedad de manirroto y despilfarrador (con sus 22 ministerios y su catastrófica gestión de la pandemia). Esos ahorros en las arcas municipales proceden de los impuestos recaudados a los vecinos, entre otros, de los abultados impuestos del IBI que sucesivos gobiernos socialistas han mantenido. El acuerdo rechazado en las Cortes era un intento de apropiación para disponer la totalidad de dicho importe a favor de la Administración General del Estado. Se trataba, nada menos, que de conseguir “un compromiso firme, vinculante e irrenunciable de transferir esos recursos a la Administración central”. Todo ello, invocando un “principio de lealtad institucional”, que el Gobierno central de Sánchez e Iglesias está lejos de practicar en muchos ámbitos; uno de los más lacerantes se refiere a la falta de cuidados sanitarios en las residencias de ancianos, la correcta información y el reconocimiento de más de cincuenta mil fallecimientos, que se niega a reconocer.
Aparte de las cuestiones técnicas sobre la política financiera, los ciudadanos ante todo defienden la propiedad privada y la escrupulosa administración de sus impuestos. Es en los municipios y en el ámbito local donde se conocen las necesidades más apremiantes y donde la gestión es más eficaz (o debería); y de aquí salen los recursos. Así lo reconoce la alcaldesa Luquero, después de rectificar su inicial actitud genuflexa, inclinada a la confiscación del Gobierno Sánchez. En la línea marcada por Abel Caballero, el alcalde de Vigo, amigo de gastar a manos llenas en iluminación navideña, que se quedó a dos velas con los remanentes. Al parecer en Segovia la cantidad rescatada de las garras del poder central ascienden a unos 6 millones. En su momento, el PP salió en defensa de los ciudadanos y de sus muchas necesidades: “Lo hemos dicho alto y claro, los remanentes de los segovianos no se ceden”; afirmó el portavoz del PP en el último Pleno (El Adelantado, 04/ 09/20).
Pero, con ser grave este intento de atraco al bolsillo de los ciudadanos. No es nada comparado con el intento de cercenar otras libertades mucho más importantes. A parte de la tentativa de apropiación de los remanentes municipales, el anteproyecto de Memoria Democrática es una nueva amenaza a mutilar la libertad individual y colectiva. Es una versión actualizada, nada democrática, de la Ley de Memoria histórica del expresidente Zapatero colaborador asiduo de gobierno bolivariano de Maduro. La ley pretende restringir libertades básicas: la de expresión, reunión y pensamiento. Remeda así los tiempos pasados del franquismo y en realidad no repara agravios pasados, porque es selectiva, sectaria y doctrinaria.
La pregunta obligada es si la oposición dará la talla y se comprometerá a impugnar esta ley oprobiosa, que socava el estado de derecho y divide aún más a los españoles. Está en juego las bases jurídicas y morales que cimentaron la concordia nacional, después de haber superado el anterior período totalitario. Este espantajo no es sólo un intento de esconder las maniobras del ejecutivo con los independentistas, bildutarras y otras amenazas sociales, es mucho más. Es un intento de acabar con el estado constitucional nacido en 1978. El anteproyecto de ley de ‘memoria democrática’ aprobado por el Gobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias agita el fantasma de la guerra civil como arma política.
