Conste que no me encontrará usted entre quienes, por principio, condenan que el Gobierno apruebe una ley de memoria democrática, antes histórica, pese a que, claro está, considero que hay cosas mucho más urgentes que suprimir la cruz del Valle de los Caídos o quitar los títulos nobiliarios sin duda abusivamente concedidos por el franquismo a cambio de servicios a la patria que no eran tales. Algo hay, sin duda, de maniobra de distracción del Gobierno acosado y asustado cuando se sirve de Franco, ese tirano al que casi nadie recuerda, ni ganas. Como Franco, cuando venían mal dadas, utilizaba los ardores patrios con Gibraltar para desviar la mirada de las gentes de los temas más candentes.
Uno proviene de una familia -pocas veces lo he dicho– en la que había varios títulos nobiliarios, que datan de tiempos muy anteriores al franquismo y que recompensan no sé muy bien qué méritos y servicios al rey de turno; nunca he valorado demasiado el buceo en la genealogía de tal condado o de aquel marquesado. Ni creo que la sociedad actual esté muy pendiente de las coronas que se bordan los aristócratas en las camisas junto a sus iniciales: me parece que este país agobiado, que reclama soluciones a sus problemas de hoy, a la democracia menguante, a la desigualdad económica, anda en otros temas. Ni creo que, como a mí sí me sucede, le copen su pensamiento los indudables horrores estéticos e históricos de lo que se llamó Cuelgamuros, de donde, seguramente para bien, salieron los restos de quien fue llamado el Caudillo y que debería transformarse en nuestro cementerio de Arlington, de la reconciliación. Aunque no sé si quien muestra tan escaso afán conciliador con el rival político de hoy puede protagonizar la paz con el ayer.
Menos aún, seguramente, inquieta al ciudadano medio, creo, la pervivencia o no de esa Fundación Franco que ha renunciado, lo siento, a una investigación seria, rigurosa, del franquismo y de sus indudables horrores inmediatos a la finalización de la ya de por sí horrible guerra civil. Temo que la ilegalización de la Fundación, lo mismo que la retirada de los títulos, utilizando una legalmente dudosa retroactividad, encontrará obstáculos en los tribunales: no sé si la catedrática Carmen Calvo lo tiene bien medido, pero ya solo faltaba que se metan en ese nuevo pantano jurídico, tras todo lo que está ocurriendo con la Fiscalía y con los varapalos de los tribunales europeos.
Tras escuchar la sesión de control parlamentario de este miércoles, me reafirmo en que, más que ilusionismo, lo que tiene el Gobierno es iluminismo. Son unos iluminados de ese cierto cainismo que consiste en pretender que la Historia anterior a uno mismo no ha existido, y en ello se incluye también ese ‘espíritu del 78’, el que acompañó a la Constitución vigente, que de alguna manera está saltando hecho pedazos, incluyendo la figura del anterior jefe del Estado, Juan Carlos I. Y ya digo que creo que está bien repasar, sin revanchismos ni sectarismos por favor, nuestra Historia, siempre y cuando lo fundamental sea el respeto a la verdad de esa Historia que el vencedor franquista no respetó.
La regeneración democrática es mejorar la democracia actual, insistiendo en la separación de poderes, en dar voz al pueblo a través de la transparencia. Quitarle el título nobiliario a alguien que, desde luego, pocos méritos ha hecho para sentirse superior a quienes no lo tienen puede ser algo que guste a los hombres y mujeres de la calle. Pero que nadie lo confunda con profundizar en esa democracia que se nos va llenando de demasiados silencios, de muchos guiños cómplices, del olvido de todos esos miles de personas —¿cuántos?—que se nos han ido o que tanto han sufrido, están sufriendo, por la incompetencia con la que se ha abordado un reto sanitario y económico que nuestros gobernantes, nosotros mismos, no estamos sabiendo afrontar convenientemente.
