Se ha vivido en España un verano que ha conmocionado a la población por los numerosos incendios. Provocados o no el hecho es que en aquellos lugares donde la gestión del monte y de los espacios naturales están siendo gestionados por instituciones comunitarias apenas han existido incendios.
No hay más interesados en que no existan incendios que aquellos que viven en el espacio natural y cerca del campo. Sin embargo, desde que la gestión pública se está llevando a cabo de forma estatalista, el campo ha ardido por doquier. Desde las oficinas de los organismos de gobierno ni se apagan los fuegos ni se sabe hacerlo, Por ello, desde estas chabolas burocráticas se han dedicado a culpar al “ente climático” de lo sucedido por su ignorancia y falta de cuidado de la naturaleza.
La palabra Clima significa cambio. De ahí la existencia de cuatro estaciones (otoño, invierno. primavera y verano) que simboliza el cambio, La palabra “cambio climático” es una expresión que se introduce para el engaño ya que cambio climático ha existido desde el inicio de la creación. Y la expresión “emergencia climática” es propia de ignorantes o de manipuladores para expresar su pasividad y disculpa negligente de la naturaleza o del “medio ambiente”, otra expresión engañosa que nada dice porque todo ambiente es un medio.
La gestión comunitaria debe hacerse eficazmente tanto en el ámbito del uso de los bienes (pobreza-riqueza) como en el campo de la naturaleza. Pobreza y maltrato de la naturaleza están estrechamente unidas en la solución de tipo comunitaria y no estatal: el Estado, empresa capitalista actualmente con mayor poder en las naciones, no soluciona el problema de la pobreza.
Sobre esta relación pobreza-naturaleza, hace unos meses se presentó en Cáritas un informe de la Fundación FOESSA que lleva por título ‘los espacios naturales y la sociedad del riesgo: hacia un modelo de integración precaria’. No se trata del estudio general sobre la pobreza en España que, cada cuatro años, realiza esta fundación, sino de un avance que anticipa los resultados que se han públicos en 2025. Estos estudios siempre han sacado los colores a los responsables de las políticas públicas en general, y las políticas sociales en particular, porque muestran con datos incuestionables lo poco que se avanza en la reducción de la pobreza y cómo se parchea en servicios sociales especializados cuando se habla de ellos en términos de ‘gasto’ y no en términos de ‘inversión’.
El informe anticipa algunas claves y termina con una conclusión revolucionaria en las investigaciones de caritas cuando analizan el empobrecimiento. Me refiero a la última conclusión que nos ofrecen en el último párrafo de la página 50 y última. Se habla de ‘potenciar la gestión por la comunidad’ frente a la inoperativa gestión del Estado en cuestiones sobre empobrecimiento e incendios.
‘El gobierno de los bienes comunes’ era el título de la obra de Elinor Ostrom que, junto con Olivier E. Williamson, recibió el Nobel de Economía en 2009 por su contribución a la investigación social, al señalar que hay muchos casos donde los bienes comunes son gestionados comunitariamente, mediante arreglos o equilibrios institucionales básicos. Este valor de la autogestión vecinal y comunitaria de bienes, en este caso del cuidado de los bosques, que exige buena fe, responsabilidad y solidaridad, formaba parte de la tradición moral con la que Jacques Maritain o Emmanuel Mounier inspiraron el diseño constitucional del estado liberal para que también pudiera ser considerado como social. Bienvenida sea esta recuperación de la comunidad porque señala que la protección social no puede basarse solo en un teórico sistema de derechos individuales, subsidios, empleos precarios o subvenciones administrativas. Tímidamente abre la puerta al ámbito de la participación, la interacción social, el cuidado mutuo, el trabajo como algo más que un empleo, el bien común y sobre todo el olvidado horizonte de una responsabilidad relacional.
Hacia esta gestión comunitaria de los montes y bienes comunes ha de ir la política del cuidado de la naturaleza. El ayuntamiento, la asociación de agricultores, los vecinos de los pueblos y comunidades pequeñas saben mejor cuidar de los montes que los trajeados oficiales que desde sus oficinas en la ciudad dictan normas teóricas.
