Es difícil pensar que las cosas pueden ir a peor, pero pueden. Hace algún tiempo, cuando aún Pedro Sánchez prometía y prometía que traería a Puigdemont para que fuera juzgado por sus delitos, un periodista le preguntó por la Fiscalía General del Estado, cuya independencia es un requisito básico del Estado de Derecho, y el presidente del Gobierno repreguntó: “¿De quién depende la Fiscalía? Del Gobierno. Pues ya está”.
Ahora, tras el nombramiento del nuevo Gobierno, la pregunta sería: ¿De quién depende el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia? De Bolaños. ¿Y de quién depende Bolaños? “Pues ya está”, que diría Sánchez. La foto del fiscal general del Estado saludando al nuevo ministro tras su toma de posesión, sonriente, casi descoliflorado y haciendo una reverencia parece confirmar lo que dijo Sánchez y no ayuda a que el resto de los operadores jurídicos y los ciudadanos puedan respirar más tranquilos. Todo lo contrario.
Ya es una cierta anomalía que un ministro tenga competencias sobre los tres poderes del Estado y que en sus manos queden asuntos como la amnistía, la renovación del Poder Judicial y las relaciones con el poder legislativo, es decir con los socios de investidura. Pues eso es lo que ha hecho Sánchez, una más de sus artimañas y narrativas para conservar y utilizar el poder.
Bolaños se ha desayunado como ministro con una sentencia del Supremo que desacredita al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y le acusa de “desviación de poder visible e innegable” al ascender a dedo a su amiga, la anterior fiscal general y ex ministra de Justicia, Dolores Delgado -a la que él sustituyó tras ser su mano derecha-, a fiscal de Sala de forma ilegítima sin reunir las condiciones exigibles para ello y perjudicando a un tercero. Después de ese ascenso, ha habido dos “ascensos” más. Ese mismo día, dieciocho fiscales del Tribunal Supremo se han rebelado contra el fiscal general por no amparar a los cuatro fiscales que intervinieron en la causa del procés y que ahora, igual que los jueces, son “sospechosos” de haber actuado por razones partidistas para perseguir a adversarios políticos.
Por si no es bastante, el juez García Castellón ha pedido al Supremo que impute a Puigdemont por “indicios serios de terrorismo”. Y el mismo día en que Bolaños decía que “debe imperar el patriotismo y no el partidismo, la moderación y no la exageración, las verdades y no las falsedades” (sic), la Mesa del Congreso de los Diputados daba vía libre a la creación de comisiones para investigar la actuación de los jueces, exigidas por Junts en el acuerdo de investidura, el llamado lawfare. Eso y algunos nombramientos técnicos “de partido” en el propio Congreso de los Diputados marcan lo que va a ser la legislatura.
¿Y dónde está, qué puede hacer el PP? De momento, tener una estrategia y un plan para no estar sólo a responder a las iniciativas de Sánchez vía Bolaños. Se desconoce que exista. Puede, sin duda, instar al presidente del Senado, si éste no lo hace como es su obligación y su competencia, que convoque la elección del magistrado del Tribunal Constitucional que está pendiente y que, dada la mayoría del PP en la Cámara, debería poder ser designado por este partido. Segundo, proponer a Bolaños, por eso del “patriotismo, la moderación y las verdades”, la renovación inmediata del Consejo General del Poder Judicial con una lista de candidatos a los que el PSOE sume los suyos y un reparto proporcional de los elegidos, según las mayorías actuales de las dos Cámaras: seis-cuatro en el Congreso para el Gobierno, seis cuatro en el Senado para el PP. Y hecha esa renovación, modificar el sistema de elección tal como exige Europa.
Si el PP no toma la iniciativa, aunque el Gobierno la rechace, Bolaños se va a salir. El desaguisado lo pagarán unos jueces señalados por los políticos, una justicia en coma, una seguridad jurídica en peligro, unos ciudadanos sin poder confiar en que alguien dé a cada uno lo que es suyo y el propio Estado de Derecho. Acabaremos siendo “la excepción europea” en la justicia.
