Escribía ayer este periódico que sería ilusorio observar brotes verdes en los datos que nos ha proporcionado el Instituto Nacional de Estadística sobre el crecimiento de la economía experimentado en el tercer trimestre. Pero también lo es cerrar los ojos a la hora de analizar unos datos que son los que son: nos negamos a hacer de la economía una ciencia tan sumamente interpretable que terminan por perder toda significación indicadores y cifras manipulados por intereses espurios –es decir, partidistas- en uno y en otro espectro del mapa político. Los datos del crecimiento del PIB del tercer trimestre, como lo fueron los de la EPA publicados el día 27, son menos malos de lo que cabía temer cuando en verano se produjo el cierre de las fronteras europeas con respecto a España. Pero de ello no puede derivarse ninguna conclusión hacia el futuro que anime a la esperanza. La actividad de julio a septiembre ha sido un 8,7% inferior a la del mismo periodo del 2019 y únicamente se ha recuperado el 59% de lo perdido. A falta de demanda exterior ha sido la interna y la inversión las que han salvado los muebles, y la brutal caída de la balanza por cuenta corriente que se preveía por la no entrada de turistas se ha visto moderada por el buen comportamiento exterior de nuestros productos agroalimentarios.
Por supuesto no hay que desdeñar la ayuda que han supuesto los ERTE y los avales para solventar las necesidades financieras transitorias de las empresas; y hay que aplaudir el esfuerzo de muchas de ellas para contener los despidos o directamente el cese de la actividad esperando el paso de la tormenta. La pregunta que surge es: y ahora, ¿qué? La segunda ola avanza inmisericorde, y la relación sanidad economía es más que evidente. A escala macroeconómica se impone una política expansiva monetaria y fiscal en toda Europa. Pero los recursos tienen que llegar a la empresa, que es el motor económico y de empleo. Ya no hablamos de flujos financieros, sino de transferencias que permitan mantener la solvencia de las mercantiles, porque es la descapitalización la verdadera amenaza de futuro. El Gobierno debería agilizar esta llegada de recursos procedentes del fondo Next Generation y promover unos años más de carencia en los préstamos ICO. Está muy bien “vender” Presupuestos sociales y la existencia de créditos destinados a los colectivos más vulnerables. Y lo decimos sin ápice alguno de ironía. Pero un Estado no se puede convertir en una institución de caridad ni las subvenciones o IMV –nada edificante, por cierto, el espectáculo Escrivá versus Iglesias- deben renunciar al más mínimo de los retornos. Una economía que se base en el subsidio como expresión suprema de su actividad va directa al anquilosamiento, a un sistema boliviariano. Por desgracia, la reducción de la incertidumbre, tan importante para el crecimiento de la economía, pues fomenta la inversión, se está alimentando con estímulos endógenos, no por la actuación del Gobierno, que debería tener ya preparado el escenario macroeconómico al menos hasta el final de la legislatura.
