Todavía van y vienen por los circuitos políticos y mediáticos de la banalizada vida pública nacional las declaraciones del teniente fiscal, Luis Navajas, en entrevista radiofónica con Carlos Alsina. Las declaraciones del número dos de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ya se han convertido en un verdadero tutorial para moverse en el subsuelo de la institución constitucionalmente llamada a “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad”.
Palabras mayores para pleitos menores. Los que se derivan de las guerras de egos y banderías políticas que siempre agitaron la vida interna de la institución. Habría que remontarse a Eligio Hernández, también conocido como “el pollo del Pinar”, que llegó a la FGE (1992) con el propósito de “poner firmes a los fiscales” y acabó viendo como el Tribunal Supremo declaraba ilegal su nombramiento dos años después porque su tiempo en puestos políticos del Gobierno de González no debían sumar en el historial de “jurista” exigido para el cargo.
En sus respuestas el fiscal Navajas confirmó, verificó, acreditó, demostró y dejó clarísimo que la Fiscalía, así como el Parlamento o los medios de comunicación, incluidas las redes sociales, es una extensión más de la batalla política. Mejor dicho, de la batalla partidista donde se refleja la lucha por el poder. Por conquistarlo o por retenerlo.
El origen del culebrón está en el informe de la Fiscalía (14 de septiembre) que rescataba al Gobierno del cerco judicial al que estaba sometido en relación con su gestión de la pandemia. El informe, muy criticado por un sector de sus compañeros, sentaba la posición contraria a admitir las veintitantas querellas que reclaman responsabilidades penales del Ejecutivo por los efectos de su presunta negligencia, incluidos los fallecimientos.
La principal reprobación al informe insinúa una indebida influencia de la fiscal general. Pero Navajas explicó con todo lujo de detalles cómo Dolores Delgado “no ha intervenido ni por activa ni por pasiva” porque -precisó- “ella misma se autoexcluyó al verse contaminada como ex ministra del Gobierno del PSOE. Lo cual no hace sino replantear el absurdo de una fiscal general abocada a abstenerse en numerosos asuntos de calado que afectan al Ejecutivo. La ciudadanía acabará preguntándose con mucho sentido común para qué demonios sirve una fiscal general que, en nombre de la apariencia de imparcialidad exigida, no hace su trabajo en la gestión judicial de dichos asuntos.
Si se abstiene es porque se sabe contaminada. Y si se sabe contaminada, ¿por qué acepta un nombramiento que había de ser necesariamente controvertido? ¿Y por qué el gobierno la nombra sabiendo que está contaminada?
