Los de Puigdemont, reagrupados tras las confiscadas siglas de JxCat, acusan sin complejos a los de Junqueras (ERC) de “complicidad con Madrid”. No les perdonan que decidieran unilateralmente la investidura de Sánchez y la mesa de diálogo sobre Cataluña. Así que ahora piden a Torra que no tenga prisa en reactivar la “mesa”. Y temen con razón que Sánchez y Junqueras están planeando la conquista del poder en Cataluña con la ayuda podemita de Iglesias y Coláu.
Con el rechazo a la republica catalana en su punto demoscópico más alto (pasa del 50%, según el propio CEO de la Generalitat), lo dicho es el cuento de la lechera en el subsuelo de la política catalana. Pero no solamente ha sido la división interna del independentismo el desactivador de Diada de Cataluña (11 de septiembre). También el virus y el hartazgo de los catalanes mojaron la pólvora de Torra (nunca mejor dicho).
A pesar de todo, el president y sus costaleros no han derogado sus planes de un septiembre negro antiespañolista. Nada que ver con el octubre negro del año pasado, cuando se dieron a conocer las penas de cárcel impuestas a los primeros actores de las tramas política y civil del fallido “proces”. Ahora todo conspira contra el ardor guerrero del separatismo furioso.
A saber: miedo al contagio por la Covid19, un cada vez más áspero enfrentamiento ERC-JxCat, la falta de carisma personal de Torra (mucho activismo, poca gestión) y un perceptible cansancio social respecto a la fantasía del Estado propio. Las mismas causas que enfriaron una Diada fragmentada en cien manifestaciones, cuya suma de adeptos no superó la cifra de los 50.000, anticipan una reacción de perfil bajo a la más que segura inhabitación del todavía presidente de la Generalitat.
Si la sala de lo penal del Tribunal Supremo, que se reúne este jueves para estudiar el consabido recurso del acusado, confirma esa inhabilitación por desobediencia (vista breve, fallo sin prisas), la sentencia del TSJC ya será firme y Torra cesará inmediata y automáticamente en el cargo. Pero lo que diga el BOE no ha de coincidir por fuerza con lo que haga el personaje, que no parece dispuesto a colaborar con los designios legales.
La gran incógnita es si convocará elecciones autonómicas un minuto antes de conocerse el fallo definitivo del Tribunal Supremo o si, como se teme, tratará de enredar con situaciones de hecho, incluso a la contra de sus socios de ERC, aplazando la convocatoria electoral y obstaculizando de hecho la investidura de un sucesor en la presidencia de la Generalitat.
Cuando a los de Puigdemont y Torra le preguntan por ese inmediato futuro, responden indefectiblemente: “Esperaremos a ver como reacciona el Gobierno”. Se refieren al vacío legal que se creará con la inhabilitación del todavía president.
