Hace muchos años, en los principios de este siglo, decía Adela Cortina -y lo sigue repitiendo incansablemente- que “el desafío del siglo XXI es que la ética llegue al poder” y se preguntaba, también “si los políticos buscan el bien común o el particular”. Visto lo que hemos visto en estos dos decenios y lo que estamos tratando estos días, podría parecer que no hemos avanzado demasiado en el objetivo, pero seguramente es todo lo contrario. Los hechos demuestran que nadie, ni un Rey emérito, escapan al control de la justicia y al escrutinio de sus hechos. En estas dos décadas, una infanta y su marido, varios presidentes autonómicos y no pocos ministros se han sentado en el banquillo y en muchos casos, han acabado en prisión. Hay mejores leyes que antes, aunque seguramente insuficientes, y mayor transparencia, aunque, de vez en cuando, hay gobiernos que se pasan la transparencia y sus deberes por el forro del arco del triunfo. Y no pasa nada. Ni siquiera tienen la censura moral de los ciudadanos que siguen siendo excesivamente pasivos en el ejercicio de sus derechos. Y como ya decía Adela Cortina hace lustro, “que la ética llegue al poder será parte de la salvación de la humanidad”.
Si la ética no está suficientemente imbricada en las instituciones y en las personas que nos gobiernan -tampoco en los ciudadanos de a pie, ya saben, lo de “la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio”-, hay otras dos cosas que no tienen visos de mejorar en este siglo, aunque nos queden 80 años por delante. Una es la presunción de inocencia que entre nosotros es siempre presunción de culpabilidad, digan lo que digan la Constitución y las leyes, que lo dicen muy claro. Aquí todavía hay que demostrar que no eres culpable y eso lo sostienen desde un vicepresidente de Gobierno hasta muchos políticos de Podemos y, a veces, al propio presidente del Gobierno le cuesta defenderlo, según de quien hable.
De la misma manera sigue campando libremente la hipocresía. Si Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno 24 horas al día, 365 días al año, no solo no acata la decisión de su presidente del Gobierno, sino que acusa al Rey emérito de huir y burlar a la justicia, pero defiende, visita en la cárcel y pacta con los condenados por el 1-O en Cataluña. Y calla ante las actuaciones en el poder de la familia Pujol, que un fiscal -aquí, sí- ha calificado de “organización criminal, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad documental”.
El Rey Juan Carlos merece respeto por todo lo que ha hecho por España y no una condena, hasta que un juez sancione sus actuaciones privadas. La ética, la ejemplaridad y la transparencia que se exigen, con razón, a todas las instituciones, no ha entrado todavía en los partidos, en Podemos tampoco. Está todavía a la puerta y, lamentablemente, en eso no interviene casi nunca la justicia. Y esa voluntad de los políticos de autoexcluirse de la exigencia de responsabilidades que reclaman para todos los demás -también para la Monarquía, y con razón- es lo que pone en peligro la propia democracia y el marco constitucional. Otra cosa es si lo que persiguen algunos es precisamente cambiar ese marco constitucional y hacerlo desde dentro y con cómplices.
