La reacción que ha tenido la alcaldesa de la ciudad de Segovia, Clara Luquero, ante la noticia de que el Ayuntamiento aportaba fondos a una entidad que apoya a los presos independentistas es un ejemplo de la cintura política que debe acompañar a todo gobernante. Si se comete un error –y más cuando no se es consciente de ello- lo que hay que hacer es rectificar. Desgraciadamente no es algo que adorne a los políticos de hoy, por lo que a la rapidez en la reacción de la alcaldesa se une la rareza de un comportamiento que tendría que ser común a quien ostenta una responsabilidad pública.
El asunto posee a su vez otros aspectos que lo dotan de mayor relevancia. El primero de ello es la necesidad de revisar con absoluta escrupulosidad cualquier partida que salga de las arcas públicas y recaiga en un tercero, tenga la naturaleza que tenga la transferencia. Los controles de la Intervención en ocasiones no bastan, requiriéndose una fiscalización que va más allá de la correcta realización del trámite administrativo y de la cobertura del gasto con un crédito presupuestario. Y esa es una labor que corresponde al órgano que autoriza, dispone, ordena y procede al fin al pago.
Por otra parte, el hecho demuestra lo absolutamente enrarecida que está la vida pública, política y social, en Cataluña. Que una entidad que integra a una red de defensores de la ciudadanía en la que participan distintos representantes de capitales españolas –bien es verdad que no son muchas- se permita la osadía de “denunciar la injusticia a la que se enfrentan” unos presos sediciosos y malversadores o “las consecuencias graves que la sentencia tiene (…) sobre la calidad democrática” sin contar con la opinión de aquellos que la apoyan financieramente, supone un desprecio que de por sí solo la califica, además de introducir una politización innecesaria en un organismo cuya misión teórica es defender los derechos de la ciudadanía. Un Ayuntamiento democrático, que respeta el Estado de Derecho, no puede colaborar con un euro con quienes desde su supremacismo lo único que pretenden es horadar la Constitución y nuestra misma existencia como nación.
