En esta Ley prima la agenda ideológica del gobierno comunista-chavista-independentista, antes que solucionar los problemas de la comunidad educativa. Desgraciadamente esta Ley va en contra de la libertad de enseñanza.
No ha habido ni debate ni consenso. No lo han querido. Es la Ley de la imposición, de la tramitación oscura y sólo buscando la confrontación y el no acuerdo; basta ver sólo la exposición de motivos de esta Ley, para darse cuenta de ello.
Se saltaron el pacto educativo del Congreso y el PSOE lo rompió, abandonando la mesa en la que acudieron 84 expertos en materia educativa, para ayudar a lograr entre todos un pacto educativo. Es la primera Ley de Educación en España que no dispone del dictamen del Consejo de Estado. Trata de imponer desde la más temprana edad, una educación sexual, ideológica y sectaria, anulando el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones y principios, reconocido en el art 27.3 de nuestra Constitución.
Tratan de imponer la ideología de genero, separando la afectividad de la sexualidad y reduciendo lo humano a un puro instinto animal. La educación de los hijos es en la familia y es ahí, en el ámbito familiar donde se trabajan los valores y las virtudes fundamentales de todos sus miembros. La familia, como sociedad natural, es el lugar adecuado para educar y hacer fuerte a los hijos. Pero no, esta Ley quiere ideologizar a los niños desde su más tierna infancia.
Tampoco garantiza un número de horas mínimo de la lengua española, renunciando a las competencias del Estado en materia educativa en favor de las CCAA y al control de contenido de los libros de texto.
En mi opinión, rebaja la calidad y la exigencia del sistema educativo destruyendo la motivación de los alumnos. Sigue contemplando 17 pruebas distintas de acceso a la universidad, con el agravio comparativo que ello supone y la injusticia que conlleva.
No garantiza la libertad que tienen los padres para la elección del centro y el modelo educativo que quieren para sus hijos.
Pone muy importantes trabas al acceso a los recursos públicos de los colegios y padres que opten por la educación diferenciada, siendo esta educación, denostada por algunos, plenamente constitucional y no discriminatoria, según sentencia del propio Tribunal, al ser una opción educativa utilizada y ampliamente reconocida a nivel internacional.
No hace un estudio o análisis de porqué la educación en España tiene unas tasas tan altas de fracaso escolar y unos resultados tan pobres. Esta Ley de Educación pretende igualar a la baja en lugar de promover la excelencia.
Esta Ley pretende y desea vaciar las escuelas infantiles de 0 a 3 años e integrarles en los centros públicos, así como la desaparición de los colegios de educación especial, obligándoles al cierre. Ningún gobierno tiene derecho a apropiarse de la discapacidad. Los padres con hijos con discapacidad tienen el mismo derecho a elegir la mejor educación para su hijos.
Por último, se le quita a la asignatura de religión de todo su valor académico, saltándose y vulnerando el acuerdo de España con el Estado de la Santa Sede.
En definitiva una Ley autoritaria, sectaria, doctrinaria y sin ningún consenso ni diálogo, que no afronta los verdaderos problemas que tiene actualmente nuestro sistema educativo y que no respeta que son los padres a quién les corresponde educar a sus hijos y elegir para ellos, el centro escolar que quieran.
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(*) Diputado nacional del PP por Segovia.
